Baleares gestionará las competencias de Costas desde el 1 de julio de 2023, con una dotación de 1,3 millones de euros. El Govern balear y el Ministerio de Política Territorial han firmado un convenio en el Consolat de Mar, mediante el cual el ejecutivo balear gestionará todo el dominio público terrestre y marítimo (unas 12 millas náuticas desde la línea de costa), las autorizaciones administrativas dentro de este dominio, las servidumbres de paso, las concesiones y usos de temporada, las actividades de alta intensidad, las instalaciones de uso desmontable, las sanciones y la planificación de proyectos y ejecuciones de obras.
Según ha manifestado Francina Armengol, se trata de una gran noticia, pues se cumple con una reivindicación histórica que permitirá avanzar en el camino del autogobierno planteado con el estatuto de autonomía.
Según la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, este traspaso refuerza la apuesta por el estado autonómico y manifiesta la sensibilidad del Gobierno con la singularidad de las Islas.
Precisamente esta singularidad es la que reclaman muchos afectados por la normativa. Si bien aparentemente el hecho de que sea Baleares quien gestione esta materia, es una buena noticia, la realidad es que la que prevalece es la normativa estatal. De esta manera el margen de maniobra del Govern se reduce considerablemente.
La pregunta, entonces, es la siguiente ¿cuántos expedientes tiene previsto resolver demarcación de costas antes de que entre en vigor el traspaso? La directora general de Costas, Ana Oñoro, ha sido muy clara "todas las que podamos, la respuesta es muy sencilla".
Una respuesta "sencilla" que pone en marcha la cuenta atrás para los afectados por la nueva demarcación de costas.
En cuanto a los principales afectados por esta normativa, se muestran satisfechos por la trasferencia, aunque con dudas sobre su futuro.
