Todas las empresas que estén ejecutando obras públicas y que justifiquen que sus costes han subido más de un 6 por ciento por los efectos de la guerra de Ucrania podrán pedir un ajuste de los precios de los contratos.
Para ello deberán justificar que los costes se han encarecido por el conflicto bélico y las repercusiones que la invasión rusa ha tenido en los suministros y el aumento de todos los precios. Por tanto, solamente las obras públicas que ya estuvieran en ejecución el 1 de enero de 2021 se podrán acoger a esta revisión de precios.
Y es que los montantes económicos de las adjudicaciones de obras y servicios que se calcularon y firmaron entre las administraciones y las empresas privadas antes de esa fecha han quedado claramente desfasadas.
La cantidad económica compensatoria siempre se calculará sobre el precio de los materiales, nunca sobre los salarios y la mano de obra.
Según cálculos de la Conselleria de Hacienda, el sobrecoste de estas obras públicas se acercará a los 100 millones de euros y afectará a entre 50 y 60 empresas adjudicatarias.
Quedan pendientes de analizar por parte de las empresas los baremos definitivos que se exigirán para conseguir las compensaciones y cómo afectará esta iniciativa a las obras contratadas por los ayuntamientos.
