Con sobrecostes que alcanzan de media el 30 por ciento, las empresas advierten que el futuro a corto plazo de nuevas guarderías públicas o de diferentes viviendas de protección oficial, por ejemplo, corre un serio peligro.
"Corren riesgo las obras que están en ejecución, y también corren mucho riesgo las que se tendrán que ejecutar", ha reconocido Sandra Verger, directora general de la Asociación de Constructores de Baleares
Una situación excepcional que también amenaza la viabilidad de las empresas, quienes aseguran estar trabajando a pérdidas en una situación que califican de insostenible.
"Llegará un momento en el que las empresas se verán obligadas a parar su actividad, a reducir personal con el impacto que ello pueda suponer", ha advertido la propia Verger.
Así, los constructores apremian a la Administración para que asuma "su responsabilidad" y habilite las herramientas necesarias que permitan corregir la desviación de unos presupuestos que han quedado totalmente desfasados. "La situación es lo suficientemente grave como para que se tomen medidas urgentes y lo antes posible. No estamos pidiendo subvenciones", aclara de la directora general de la Asociación de Constructores de Baleares, quien señala que "lo único que pedimos es que cada uno asuma la parte que le corresponde. Y en este caso, a la Administración le corresponde asumir este sobrecoste".
De hecho, la semana que viene está prevista una reunión entre las diferentes constructoras que trabajan para la administración donde se decidirá el siguiente paso a tomar si no se han producido cambios en el escenario actual.
