Una cuestión que Francina Armengol ha negado, remarcando que las Islas están por encima de la media estatal en inversiones territorializadas. "El PGE para 2023 nos sitúan por encima de la media estatal por segundo año consecutivo en inversión territorializada", ha explicado Armengol, añadiendo que "a estos 186 millones de euros, obviamente hay que sumar el factor de insularidad de 110 millones, los 20 del tranvía de Palma y los 30 millones de la inversión turística del mecanismo de recuperación y resiliencia específico para nuestras Islas".
Unas explicaciones que no han convencido a Més per Menorca. Su portavoz, Josep Castells, ha advertido que con las cifras aportadas por la presidenta Armengol, Baleares se sitúa en la media estatal. "No llegamos a la media, señora presidenta", ha afirmado Castells, remarcando que "consideramos que Baleares por defecto debería estar en la media española de inversión directa y además, para cumplir con la Constitución, deberíamos recibir una compensación por la insularidad".
En este sentido, Josep Castells ha advertido que "haciendo malabares y sumando de aquí y de allá, en el mejor de los casos, justo llegamos a la media española".
Por otro lado, tanto Ciudadanos como los ‘populares’ han mostrado su preocupación ante la posibilidad de que el REB tenga fecha de caducidad en 2028, así como también han criticado que no se contemple una mejora del plus de residencia de los funcionarios públicos o se cuente con un IVA propio como en Canarias.
"Lo que necesitamos para ser un régimen fiscal como el de Canarias es que se reduzca el IVA", ha señalado la portavoz de Ciudadanos en el Parlament, Patricia Guasp, remarcando que "se han vuelto a olvidar de la actualización de la indemnización del plus de residencia para paliar el déficit de personal y garantizar unos servicios públicos de calidad".
Por su parte, la portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Popular, Núria Riera, ha criticado que "estos presupuestos son un insulto para Baleares", advirtiendo que "nos quieren colar un régimen fiscal temporal y lo que necesitamos es que sea indefinido, para siempre. Y si quieren revisarlo y mejorarlo, lo dejen por escrito".
Unas dudas que la presidenta se ha encargado de disipar, aclarando que el REB es de obligado cumplimiento y que en 2028 se procederá a evaluar su aplicación para posteriormente mejorarlo.
