Así lo ha explicado el conseller Josep Marí durante la reunión mantenida hoy con los representantes de las asociaciones y entidades del sector inmobiliario.
Marí ha destacado que esta nueva normativa, que responde a las disposiciones de la Ley 5/2018, de 19 de junio, de la vivienda de las Illes Balears, mejora la transparencia en el sector y garantiza la protección de los consumidores mediante la prestación de servicios inmobiliarios de calidad. Además, evita el intrusismo, la oferta ilegal y la competencia desleal, fomentando las buenas prácticas en la actividad comercial.
El decreto tiene por objeto la regulación de la actividad inmobiliaria y de los requisitos que tienen que cumplir los agentes en el ejercicio de su actividad.
Entre otras cuestiones, el decreto regula la obligatoriedad de contratar un seguro de responsabilidad civil por parte de los agentes de la propiedad inmobiliaria para cubrir los daños y perjuicios que pudieran causar en el ejercicio de su actividad. El capital mínimo por asegurar será de 100.000 € por siniestro y 600.000 € por año.
Asimismo, para desarrollar su actividad en las Illes, una vez que esté aprobado el decreto, los agentes tendrán que presentar obligatoriamente una declaración responsable de inicio de actividad, en la que manifestarán que cumplen con los requisitos establecidos en la normativa vigente, que disponen de la documentación que lo acredita y que se comprometen a su cumplimiento durante el ejercicio de la actividad.
En este sentido, hay que señalar que esta declaración responsable no será una autorización de actividad, pero sí un requisito indispensable para ejercerla, puesto que, en caso de no presentarse dicha declaración o habiéndose presentado sin cumplir las exigencias legales, implicará expedientes sancionadores por considerarse oferta ilegal y competencia desleal.
Por otro lado, el decreto contempla la creación y la regulación del Registro de Agentes Inmobiliarios de las Illes Balears, un registro muy demandado por el sector, que garantiza la capacitación de los profesionales y que podrán solicitar los consumidores.
Se trata de un registro voluntario, que dará garantías al consumidor sobre la calificación profesional del agente.
De acuerdo con este Registro, los agentes inscritos dispondrán de un distintivo acreditativo que informará al consumidor de las garantías que ofrecen respecto al cumplimiento de las obligaciones y requisitos establecidos para ejercer su actividad.
Para poder inscribirse en este Registro, deberán tener titulación universitaria en ciencias sociales y jurídicas, ingeniería o arquitectura; una formación no universitaria de, al menos, 200 horas lectivas relacionadas con servicios de mediación, asesoramiento y gestión, o tener experiencia demostrable en la prestación de servicios inmobiliarios de un mínimo de cuatro años inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la solicitud.
Hay que destacar también que, entre otras medidas de protección de los profesionales que desarrollan la actividad inmobiliaria, el decreto contempla el deber de la persona usuaria de subscribir una nota de encargo con el agente, que le habilitará para ofrecer y dar publicidad a su inmueble, para recibir o disponer de las cantidades entregadas por los demandantes y para formalizar los oportunos contratos.
A la reunión han asistido Natalia Bueno, presidenta del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (COAPI); Hans Lenz, presidente de ABINI; Antoni Jaume, presidente de CAFBAL, y Mila González, presidenta de la Asociación de Inmobiliarias de Ibiza (PIMEEF).
Precisamente, Natalia Bueno, presidenta del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Baleares (COAPI), ha mostrado su satisfacción ante la nueva norma. Una norma que asegura que parte del "consenso" de todas las partes implicadas. A continuación puede escuchar sus declaraciones en una entrevista concedida a los servicios informativos de Fibwi Televisión.
