Son la ex directora general de Turismo del Govern balear, Pilar Carbonell; el director de Tito's, Jaume Lladó; el empleado de la discoteca, Arturo Segade; y los funcionarios Julián Garau y Bernadí Seguí.
Y es que, además, el juicio del Caso Cursach contra el empresario del ocio, su equipo directivo más cercano y 14 policías locales de Palma podría quedar en nada.
En el arranque de la vista, este lunes en la Audiencia de Palma, los abogados de todos los acusados han pedido que ni siquiera se celebre el juicio ya que la instrucción del mismo y que le ha precedido está contaminada por las actuaciones irregulares del juez Penalva y el fiscal Subirán.
Ambos están ahora, precisamente, a punto de ser juzgados ellos mismos. Se les acusa de haber actuado premeditadamente con subterfugios y malas artes para llevar todas sus pesquisas a un solo objetivo: condenar a Bartolomé Cursach.
Los abogados de los imputados, por ello, reclaman al tribunal que se anule el procedimiento ya que consideran que todo él está contaminado y cualquier aportación pasada de Penalva y Subirán debe ponerse en cuarentena y, de no confirmarse objetivamente, anularse de oficio.
Así, piden volver al punto de salida, revisar todas las declaraciones y pruebas y, si es necesario para esclarecer los hechos, repetirlas.
De hecho, la propia Fiscalía, tras ser apartado Subirán, ha reconducido todas sus acusaciones y ha rebajado radicalmente las penas solicitadas para algunos de los acusados y a otros, directamente, los ha exonerado de toda implicación. Eso sí, tras años de tenerlos imputados y a expensas de una instrucción que se ha demostrado llena de errores intencionados.
Mientras al propio Bartolomé Cursach se le reclamaban 18 años de prisión por sus varios presuntos delitos graves, la nueva posición de la fiscalía ha rebajado la petición a solamente un año y medio, lo que da a entender el vuelco que ha sufrido el caso y la realidad de las pruebas que se consideran ahora verídicas.
En el mismo orden de cosas, la Abogacía de la Comunidad Autónoma, dependiente del Govern, que se personó para acusar de presunta corrupción a la ex directora general de Turismo del Govern, Pilar Carbonell, por una conversación telefónica mantenida con un alto directivo del Grupo Cursach, se ha retidado del caso al considerar la propia fiscalía que la mencionada conversación telefónica no daba pie a ningún tipo de acusación de ningún delito. Eso sí, Pilar Carbonell ha estado cinco años imputada de un delito que ella, desde el primer momento, rechazó que hubiera cometido y que solamente se sostuvo por la instrucción -ahora considerada contaminada- del juez Penalva y el fiscal Subirán.
