Desde AESBA recuerdan que fue el propio Gobierno de España quien impuso un Real Decreto que obligaba a les estaciones de servicio, en su mayoría micro-pymes, autónomos y empresas familiares, a adelantar su propio capital sin consensuar previamente la articulación del Real Decreto ni el mecanismo de devolución del dinero avanzado.
En este sentido, la Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB, a la que pertenece AESBA, muestra su total y absoluto respaldo a la posición denunciada por AESBA. La patronal añade que, señalar a las empresas distribuidoras con acusaciones infundadas cuando la mayor parte del precio de los carburantes son impuestos, es una irresponsabilidad.
Durante el confinamiento general de la población durante los momentos más duros de la pandemia, se catalogó a las estaciones de servicio como “servicio esencial” obligándolas a mantener las instalaciones abiertas ocasionándolas pérdidas económicas de las que, después de dos años de restricciones, aún no se han recuperado. Ahora se les obliga a adelantar un dinero que no tienen, provocando una situación comprometida para la viabilidad de estas empresas y poniendo en riesgo los puestos de trabajo.
Desde AESBA invitan a la vicepresidenta Calviño a que denuncie, poniendo nombres y apellidos, a las empresas que tenga constancia que estén realizando prácticas fraudulentas, pero que deje de dañar a un sector con sus declaraciones, políticas improvisadas y mal articuladas que demuestran un total desconocimiento del desarrollo de esta actividad.
Sorprende que Nadia Calviño culpabilice a las estaciones de servicio cuando debería saber que la subida del precio del petróleo, y en consecuencia el de los combustibles, se produce por la oferta y la demanda en los mercados internacionales, acentuado por las graves consecuencias de la invasión rusa en Ucrania que ha provocado el veto de la Unión Europea a las energías procedentes de Rusia, incluido el petróleo.
