Esta medida, que modifica el porcentaje del 75 al 95% y que es el máximo permitido por la normativa estatal, “es una clara muestra de que el Ayuntamiento de Llucmajor se esfuerza al máximo por estar al lado de los ciudadanos, sobre todo en momentos de "incertidumbre económica como los actuales”, explica el alcalde, Eric Jareño, quien añade que “el consistorio aplicará la máxima bonificación que le es posible”, ya que al menos un 5% debe dedicarse a los trámites burocráticos.
Además, no se cobrará plusvalía a otros supuestos, como por ejemplo: si no existe un cambio de valor del inmueble, a los hijos de víctimas de violencia de género, así como a los hijos con discapacidad y tutela.
"En todos estos sentidos hemos intentado crear un sistema que no penalice a la gente sólo por el hecho de haber recibido una herencia", comenta la regidora de Hacienda, Pilar Bonet, quien avisa que "lo que sí penaliza la ley es el especulación de las compra ventas en poco margen de tiempo, por lo que se aplica una tabla creada por el propio Gobierno Central, de la que el Ayuntamiento de Llucmajor utilizará la tabla básica para no tener que aplicar anualmente las modificaciones contempladas en los Presupuestos Generales del Estado.
