Con ello, los nombres, teléfonos, DNIs, claves de acceso a móviles y ordenadores, propiedades, cuentas bancarias, inversiones e, incluso, nuestros secretos más inconfesables quedan indefensos y son secuestrados.
A cambio de su desbloqueo o liberación, los hackers reclaman rescates millonarios, siempre en forma de bitcoins. Operan desde lugares desconocidos, aunque la Europol y la Interpol llevan años destacando que su principal base física de operaciones es Rusia.
En Baleares también hemos sido víctimas de estos delincuentes de guante blanco. Además de los casos individuales de estafas económicas a través de internet, el organismo público IB Salut de les Illes Balears ha sido una de las víctimas de los hackers.
Tras sufrir un ataque a su base de datos el pasado mes de diciembre, el Govern se ha visto obligado a gastar 450.000 euros en reforzar sus defensas telemáticas y contratar personal especializado. Los datos médicos privados de más de 30.000 pacientes han quedado afectados.
La Unión Europea, ante las reiteradas denuncias de intromisiones ilegítimas en hospitales, ha puesto en marcha un equipo especializado de más de 120 técnicos para crear barreras de defensa. Y es que, por ejemplo, el principal hospital de Dusseldorf se vio obligado a desviar todas las ambulancias con las urgencias y paralizar su actividad quirúrgica cuando los hackers penetraron en su sistema informático.
Tras la invasión de Ucrania, el Centro de Ciberseguridad español ordenó a todas las administraciones públicas que apagaran sus ordenadores para impedir la entrada de hackers y dar tiempo a reforzar sus defensas y establecer nuevas claves de acceso.
Ataques desde Rusia que también se han detectado en varias universidades españolas en los últimos días.
