El archivo del expediente no va acompañado de ninguna exoneración, ni imputación o valoración sobre los hechos confirmados. Simplemente, se ha cerrado el caso al caducar el tiempo que tenía la Oficina Anticorrupción para tramitar el caso, en cumplimiento estricto de su reglamento de funcionamiento interno.
Con ello, no hay ninguna conclusión sobre los hechos realmente sucedidos, que fueron denunciados por un lado y justificados por otro.
A la realidad objetiva de que altos cargos de la Conselleria de Salut nombrados a dedo se inocularon las dosis antes de la fecha que les correspondía por su edad, no hay ninguna conclusión sobre si actuaron correctamente o no por parte de la Oficina Anticorrupción.
Tampoco hay ninguna valoración a lo que alegaron estos mismos altos cargos para justificar su acción: que se habían dejado poner la vacuna ya que son profesionales que trabajan en espacios y entornos de riesgo alto de contagios, como pueden ser centros sanitarios y residencias de personas mayores.
Y tampoco hay ninguna respuesta de la Oficina Anticorrupción a las respuestas, ante las denuncias, dadas por los vacunados diciendo que se inyectaron el antídoto ya que estaban en lugares en los que se estaba procediendo a la vacunación masiva y, al acabar la jornada, quedaban dosis a punto para ser inyectadas. Ante ello, y para evitar que se perdieran, fueron inoculadas a las personas presentes, más allá de su cargo y edad. Y allí estaban los altos cargos políticos nombrados a dedo.
Todo esto quedará sin valoración, ni a favor ni en contra.
La Oficina Anticorrupción no ha querido, no ha podido o no ha sabido completar sus investigaciones y el tiempo marcado para hacerlo ha pasado, con lo que el expediente ha sido archivado y las posibles consecuencias -exonerando o culpando- no se producirán nunca.
Así se cierra uno de los casos más medáticos y socialmente agrios del proceso de vacunación en Baleares. Y se cierra sin respuestas.