• El ponente ha sido el presidente del Colegio de Agentes de la Propiedad
Inmobiliaria de Cáceres, Francisco Marroquín, quien ha explicado la nueva
regulación del precio del alquiler que contempla el Proyecto de Ley de Vivienda que fue aprobado el pasado 1 de febrero por el Consejo de Ministros.

• En su intervención Marroquín ha afirmado que “el incremento del precio del alquiler en España viene determinado por la caída de la construcción de viviendas protegidas”.

• La presidenta del Colegio y de la Asociación API Baleares, Natalia Bueno, ha pedido que “la mayor parte del dinero que se recauda por licencias de obra, transmisiones, compras, ventas... se destine a la construcción de viviendas sociales”.

El Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Baleares y la Asociación API Baleares han celebrado la jornada formativa “El alquiler en la nueva Ley de Vivienda: límites jurídicos y constitucionales”, cuyo ponente ha sido el presidente del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Cáceres, Francisco Marroquín.

La jornada ha contado con el patrocinio de Mutua de Propietarios.

Francisco Marroquín ha explicado que “el proyecto de Ley de Vivienda aprobado por el Consejo de Ministros en realidad respecto al alquiler lo que es solucionar, no soluciona nada. Más bien al revés, empeora bastante la perspectiva del mercado del alquiler, por lo menos desde el punto de vista de la intermediación inmobiliaria. En realidad, lo que está creando es un auténtico cuello de botella entre la oferta y la demanda, puesto que con las restricciones y las penalizaciones que prevé para los propietarios -independientemente de que sean grandes o pequeños tenedores- lo que hace es que la oferta se retraiga y por lo tanto endurecer las condiciones de acceso a la vivienda en régimen de alquiler”.

Además, añade, “es una Ley ante la que hemos demostrado con datos oficiales (del Banco de España, de Fomento, del Instituto Nacional de Estadística) que las políticas de vivienda funcionaron estupendamente en España entre los años 1971 y 2001 y sobre todo en el periodo comprendido entre el año 1976 y 1991, cuando un 80% de las familias accedían a la propiedad de su primera vivienda a través de las viviendas protegidas y ahora, por querer incentivar un alquiler que no va, en absoluto, acorde con nuestra costumbre, se ha quebrado por completo esa protección de la vivienda. Por esto, los efectos previsibles de esta Ley no son nada halagüeños”.

Respecto a la situación del alquiler en España en los últimos 10 años, Marroquín ha explicado durante su intervención que “entre 2010 y 2020 la variación acumulativa de la renta media mensual fue de un incremento del 32% y el acumulado de los últimos cinco años (2015-2020) se elevó hasta el 50%, y sin embrago de ese 50% solo un 0.1% corresponde al último año. Es decir, el gran boom está entre los años 2015 y 2018. Son datos del conjunto de España, que además coinciden con el periodo de menor construcción y entrega de viviendas protegidas de toda la historia de nuestro país desde 1952, según los datos que tenemos. El incremento del precio del alquiler en España viene determinado por la caída de la construcción de viviendas protegidas”.

Respecto a las Islas Baleares, subraya que “el incremento del precio del alquiler en el periodo 2010-2020 ha sido del 40%, mientras que en el conjunto del país fue del 32%, y en los últimos cinco años sí que se ha moderado, ya que en España ha sido el 50% y aquí se quedó en el 31%. Y es más, en el periodo 2019-2020 en España subió un 0,10% y en el conjunto de Baleares bajó un 0,80%. Es insignificante, estamos hablando de que en una renta de 1.000 € ha bajado 8€”.

En su ponencia también se ha referido específicamente a Palma, detallando que “en los últimos 10 años el incremento ha sido del 37,60%, (frente al 32% en España) y en los últimos cinco años curiosamente ha sido del 26,90% (frente al 50% en España), y en el periodo 2019-2020 en España fue tanto en Palma como en el resto del país del 0,10%. Con estos datos en la mano, a pesar de los precios, Palma no sería nunca zona tensionada, y sin embargo sabemos que tanto Palma como Mallorca es una de las zonas -junto con San Sebastián y muy por encima de Madrid y de Barcelona- más caras de España”.

Francisco Marroquín resalta en referencia al acceso a la vivienda en zonas tan diferentes demográficamente hablando como son las Islas Baleares y Extremadura que “partiendo de la premisa general de que las condiciones hipotecarias son cualitativamente hablando las mismas, el nivel de vida y de ingresos no es el mismo en ambas comunidades. Teniendo en cuenta además de que aquí la población está más concentrada en núcleos urbanos y en Extremadura más
dispersa, con muchos núcleos urbanos. Las condiciones de acceso son básicamente las mismas, ya que el mercado se adecúa a la realidad económica que tiene, aunque en Extremadura sí hay una cierta facilidad en tanto en cuanto que es una sociedad muy subvencionada por el antiguo PER -ahora PER Pro- y que por la ruralización de la población (más de 460 núcleos municipales) sí se tienen ayudas y bonificaciones para arraigar la población en esa España vaciada. Por ello, es más sencillo el acceso a la vivienda en Extremadura, donde además hay mucho menos nivel de rotación, se cambia muy poco de vivienda y especialmente en el plazo de hipoteca”.

La presidenta del Colegio y de la Asociación API Baleares, Natalia Bueno, ha agradecido la ponencia a Francisco Marroquín, destacando “el trabajo minucioso que ha hecho investigando la evolución de la vivienda en España desde 1951 hasta la actualidad. Nos ha dado unos datos que nos han sorprendido a todos los asistentes, como por ejemplo que hasta finales de los años 80 más de la mitad de las licencias que se daban de nueva construcción eran para edificar viviendas sociales, cosa que empezó a caer en picado a partir de la década de los 90”.

Natalia Bueno ha recordado que “los porcentajes de vivienda social que tenemos en España comparados con el resto de Europa son irrisorios, estamos a muchos años de diferencia. Si bien es cierto que el Gobierno balear ha puesto mucho hincapié en los últimos años en este tema, y esta es la tónica que debe seguir implementando, porque desde que se paró esta construcción de viviendas sociales las problemáticas de acceso a la vivienda tanto en propiedad como en alquiler han subido en la misma proporción que se ha disminuido la inversión en vivienda pública. Por lo tanto, vemos muy bien cuál es la solución, sería bueno que la mayor parte del
dinero que se recauda por licencias de obra, transmisiones, compras, ventas... se destinara a viviendas sociales”.

Para acabar, Natalia Bueno ha remarcado que “la Jornada de hoy es la continuación del interés que tiene este Colegio en formar a nuestros colegiados y asociados, en estar al día de todas las nuevas leyes que salen para informar con propiedad a nuestros clientes. El mejor profesional es el que está mejor formado, y el Colegio seguirá con esta tendencia porque es nuestra principal función”.