Un informe de la Fiscalía de Medio Ambiente y estudios científicos del Instituto Español de Oceanografía (IEO) y del Instituto Geológico y Minero de España (IGME) constatan que los vertidos de aguas residuales sin depurar o con depuración deficiente están contaminando por encima de los límites legales el agua, los organismos vivos y el sustrato de la bahía de Palma.
Según informaciones recogidas por Mallorcadiario.com, a instancias del juzgado de instrucción número 12 de Palma -que desde 2018 investiga la presunta contaminación ilegal de los vertidos de aguas gestionadas por la empresa pública municipal Emaya, el ministerio público y los dos institutos estatales han estudiado el impacto de las aguas residuales de Palma, Marratxí, Bunyola y Esporles sobre la bahía.
El juzgado solicitó un informe a la Fiscalía que incluye datos aportados por Emaya y la Conselleria de Medio Ambiente del Govern y comprobaciones realizadas por el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona), y encargó además un informe específico sobre la degradación del ecosistema marino, con especial atención al deterioro de la posidonia, y otro relativo a la acumulación de contaminantes en el lecho subacuático, centrado en los metales pesados.
La Fiscalía comprobó que la red de bombeo, depuración y vertido de aguas residuales de la capital balear y su entorno es "un sistema obsoleto", diseñado para 250.000 habitantes, que no puede hacer frente a una población real de casi 450.000 en invierno y 800.000 en la temporada turística.
Además, debido a que la red de aguas pluviales está unida a la residual y su capacidad es insuficiente, "prácticamente por cualquier episodio de lluvia el sistema se desborda" y la mezcla de pluviales y aguas residuales que las dos plantas depuradoras no tienen capacidad de asumir se vierten sin control a la bahía, tanto por los aliviaderos de superficie costeros como por los submarinos de Es Baluard, Portitxol y Torrent Gros. De 2003 a 2018 se produjeron una media de 78 de estos episodios cada año.
El ministerio público recoge en su informe que el vertido al mar por el emisario de aguas depuradas, tal y como se viene realizando desde hace medio siglo, carece de la preceptiva autorización del Govern porque incumple la normativa estatal sobre tratamiento de aguas residuales, a pesar de lo cual Medio Ambiente nunca ha sancionado estos incumplimientos.
El juzgado que investiga posibles responsabilidades penales de los responsables durante décadas de esta situación requirió al IEO que analizara en qué medida ha resultado afectada la posidonia oceánica, la planta protegida más característica del mar balear, por los vertidos de aguas sucias o sin suficiente depuración.
"Existe evidencia más que suficiente como para afirmar que los vertidos de aguas residuales de los emisarios que vierten en la bahía de Palma están implicados en el profundo deterioro mostrado por el hábitat en la zona de estudio", afirman los científicos autores del estudio.
Los científicos del IEO reclaman medidas urgentes para frenar la degradación de la posidonia en la bahía de Palma, afectada en mayor o menor grado en toda el área desde cala Portals Vells a Cap Blanc y dañada de forma grave en el entorno de los aliviaderos de aguas urbanas.
El tercer estudio que encargó el juzgado se refiere a la posible contaminación de los sedimentos marinos y fue realizado por el IGME, que se centró en la presencia de metales pesados, indicadores relevantes del deterioro medioambiental y elementos, en algún caso, de alta toxicidad.
El organismo científico estatal halló en el lecho marino del entorno donde evacúan los aliviaderos y el emisario altas concentraciones de trece metales pesados y confirmó que, por su distribución geográfica, resulta evidente que su origen son los vertidos de aguas residuales.
El IGME, que registró valores "extremadamente elevados" en algunos puntos de sustancias como el cobre, zinc, plomo y mercurio, recomienda el cese de los vertidos y el tratamiento de las zonas más contaminadas para eliminar sustancias nocivas.
El juzgado de instrucción 12, que abrió la investigación en 2018 después de que la publicación Gaceta Náutica publicara vídeos submarinos que evidenciaban la suciedad de los vertidos de los emisarios, ha cambiado desde entonces de titular en varias ocasiones y tiene pendiente impulsar las actuaciones sobre el caso.
Clique sobre el vídeo que completa esta información y escuche y vea el vídeo con el que Gaceta Náutica denuncio los vertidos ilegales de aguas sucias en la bahía de Palma.
