Y es que la Ley de Dependencia no funciona. Además de los españoles que han fallecido esperando a que se cumpliera lo que la norma dicta y obliga, la lista de espera de los que aún viven es de 430 días, 1 año entero y casi tres meses más.
Con ello, el Ministerio de Derechos Sociales de la podemita Ione Belarra y la Conselleria d'Afers Socials de la econacionalista Fina Santiago (en la imagen en un acto reciente en Palma) no conseguirán el objetivo del plan de choque de reducir esta lista de espera.
Todos estos datos los ha aportado la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, que reúne a los profesionales gestores de las residencias de la tercera edad, centros de día e instalaciones similares.
El informe es escalofriante: 130 personas dependientes fallecen al día enfangadas en el laberinto burocrático de la ley, una cada 11 minutos.
Las comunidades autónomas con mayor 'limbo de la dependencia' (personas pendientes de recibir prestación) son Cataluña (31,8% de todas las que esperan), La Rioja (31,2%) y Canarias (27,5%). Las que mejor tratan a sus dependientes son Castilla y León (solo el 0,15% de sus casos están pendientes de ser valorados y tramitados), Ceuta (3,3%) y Navarra (4,1%). En Baleares registramos el 8,8% del total de los dependientes en el limbo de la ley.
Los directores y gerentes de servicios sociales tienen muy claro cuál es el problema: la burocracia excesiva. Por un lado, la enorme cantidad de documentos que se reclaman (muchos de ellos duplicados o ya en manos de las adminisitraciones) y, por otro, la lentitud del sistema de funcionarios.
Denuncian los directivos y gerentes: "Lejos de nuevos discursos, fotos e intenciones, son necesarias medidas urgentes para evitar el sufrimiento y abandono de las personas más vulnerables de nuestro país. El gobierno de España y los gobiernos autonómicos deben acometer reformas que agilicen los trámites. Es necesario simplificar los procedimientos y aplicar medidas de flexibilidad del servicio o prestación sin necesidad de resolución de un nuevo procedimiento. Hay que avanzar hacia la prescripción social del profesional de referencia como único requisito para la ejecutividad y puesta en marcha de las prestaciones".
Y concluten: "Ya se han recuperado los recortes del 2012 y se han incrementado los presupuestos. Hay que recortar procedimientos para evitar el sufrimiento y desatención de las personas en situación de dependencia. Hay que recordar que cada 11 minutos en España fallece una persona en el laberinto burocrático de la Ley y que, desgraciadamente, a las 43.381 personas que fallecieron este año en España esta Ley no les ha llegado a tiempo".