Según ha explicado en rueda de prensa la profesora del departamento de Economía Aplicada de la UIB, Catalina Torres, la crisis económica y sanitaria "no es más que el último exponente de la fuerte crisis socioecológica actual", por lo que la implantación de esta medidas "es necesaria para antes de 2030".
Además, ha advertido que, "con la excusa de la recuperación, se está pulsando el acelerador para volver a la dinámica prepandemia, que es la que ha acelerado también los problemas ecológicos globales".
En la misma línea le ha seguido el profesor del departamento de Biología de la UIB, Miquel Ángel Miranda, quien ha asegurado que "solo en un momento de excepción durante la pandemia se llegaron a estabilizar las emisiones, que ahora han vuelto a repuntar debido a la actividad y el modelo económico".
Concretamente, los investigadores han estudiado los cambios físicos que se podrían dar en las próximas décadas como resultado del cambio climático y han analizado su impacto sobre las variables ambientales, económicas y sociales. De todas ellas, se han seleccionado "las que eran más importantes para Baleares".
Los resultados desvelan "un aumento de la temperatura y del nivel del mar, la disminución de la precipitación media y el incremento de la evapotranspiración, las sequías y de la desoxigenación del océano como las principales amenazas para las Islas", ha explicado el profesor.
En este sentido, Miranda ha alertado del aumento de casi medio grado por década desde 1975 hasta 2015 en la temperatura del mar, así como del incremento del nivel del mar en 1,3 centímetros, también por década.
Con todo, el profesor ha detallado también algunas de las consecuencias "prioritarias" que tendrá el cambio climático sobre las Islas.
Por ejemplo, en el caso del mar, se observará una mayor presencia de CO2 que afectará a los organismos marinos, así como un aumento de la temperatura, que "supondrá un cambio en la vida del Mediterráneo" o la desaparición en según qué zonas de la posidonia oceánica "para 2040 o 2060".
En el caso de la variable humana, este impacto podría derivar en un aumento de las olas de calor, "que provocará un incremento de la mortalidad, especialmente en las personas más vulnerables". Además, "también puede conducir a la aparición de diferentes enfermedades, propias de un clima más tropical", ha advertido.
Por su parte, Torres ha señalado como posibles consecuencias económicas la disminución de la disponibilidad del agua, que se traducirá en un aumento del precio de los productos, así como la reducción de infraestructuras a causa, por ejemplo, de un mayor número de incendios.
Por todo ello, los investigadores han insistido en la necesidad de implantar estas medidas antes de 2030 "para reducir, al menos, los impactos, porque ahora ya no se pueden evitar".
En este sentido, algunas medidas que proponen son proteger y promover el incremento de espacios naturales, calcular las emisiones asociadas a los diferentes usos del suelo o regular las extracciones forestales.
También han señalado la necesidad de incrementar la eficiencia en la recogida, distribución y consumo del agua, reducir la demanda de energía en sectores de consumo final, generar energía renovable "a través de una planificación territorial adecuada" y utilizar técnicas de electricidad de red inteligente.
En cuanto a planificación urbanística, el estudio propone una reducción del uso del vehículo privado, el fomento del transporte público y la promoción de la movilidad sostenible, planes de rehabilitación de edificios orientados a alargar su vida útil y la creación de zonas urbanas más verdes.
Asimismo, para paliar los efectos climáticos sobre la salud humana y económica, han puesto el foco en la necesidad de aumentar el consumo de productos locales, "aplicar el principio de quien contamina paga", implantar un sistema de economía circular o desarrollar un tipo de turismo alternativo.
Con todo, otras de las medidas que propone el documento son la reducción de la generación de residuos, ampliar la vida útil de los productos, impulsar iniciativas que cambien la regulación estatal de actividades de gran generación de emisiones, incorporar en educación contenidos relacionados con el cambio climático o proporcionar conocimientos sobre sus riesgos en la vida humana, ecológica y económica de Baleares. Todo ello, han concluido, ayudaría a diversificar también el modelo económico de las Islas.