Las denuncias totales a los ciudadanos desde que finalizó el primer estado de alarma, en junio de 2020, y el Govern asumió el mando de la gestión de la pandemia son 36.056.
A las denuncias presentadas contra ciudadanos de las Islas se suman otras 2.294 contra establecimientos o negocios. En este caso, la denuncia es más grave ya que en su mayoría son por incumplimientos serios de horarios de apertura, aforo, de los protocolos sanitarios o incluso la celebración de fiestas ilegales, que pueden estar sancionadas hasta con 600.000 euros de multa en casos muy graves.
A pesar del elevado número de denuncias, el Govern se está encontrando con numerosos problemas a la hora de tramitar estos expedientes. El porcentaje de resolución definitiva no llega ni al 1 % porque el procedimiento es muy garantista, según el Govern. Hasta mayo solo se habían resuelto 914 propuestas de sanción.
Las personas a las que se les abre el expediente tienen la posibilidad de presentar alegaciones en diferentes momentos de la tramitación, tiene también trámite de audiencia y finalmente incluye la posibilidad de presentar un recurso administrativo, al que se suma la posibilidad de llegar a presentar incluso un recurso contencioso por la vía judicial al final de todo el procedimiento para intentar evitar el pago.
