Y es que tanto comerciantes como vecinos ya no pueden más. Los intentos de negociar con la regiduría de Movilidad Sostenible, no han dado sus frutos. Por ello, han optado por frenar las intenciones de Cort de ampliar la Acire acudiendo a los tribunales.
El abogado administrativista encargado de interponer el recurso, Joan Alemany, ha explicado que "no hemos podido llegar a un diálogo con Cort para evitar que tomen una decisión que no perjudique de una manera tan radical a los vecinos y comerciantes de la zona de Bonaire", añadiendo que "ahora será un juez el que valore si jurídicamente, el Ayuntamiento ha actuado conforme a la legalidad vigente".
De hecho, en el contencioso administrativo interpuesto, los comerciantes reclaman una serie de medidas cautelares, para retrasar la puesta en marcha de esta nueva zona ACIRE, así como también la correspondiente instalación de cámaras de control de acceso y vigilancia, además de toda la señalización y carteles.
Además, denuncian que están cansados de reivindicar los perjuicios económicos que están sufriendo a consecuencia de declarar la zona peatonal y advierten que todavía puede ir a peor con la ampliación de la ACIRE que afectará a las calles Bonaire, Concepció, Baró Santa Maria del Sepulcre, carrer d'Aragonès, Hug de Ribesaltes, Berenguer de Sant Joan, entre otras.
"Los comerciantes no están de acuerdo, evidentemente, por todos los perjuicios económicos que les va a producir", ha advertido el abogado administrativista, quien ha admitido que "se consideran marginados en relación a como se ha tramitado el reglamento de movilidad".
Actualmente el Ayuntamiento de Palma cuenta con 10 días para enviar toda la documentación al juzgado encargado del caso. Habrá que esperar a que el tribunal se pronuncia para ver si finalmente da la razón a los establecimientos comerciales.
