Hasta la reciente modificación normativa decretada por el Gobierno de España, la electricidad veía su precio multiplicado por tres impuestos: un IVA del 21%, el Impuesto a la Generación Eléctrica del 7% de la factura y otro impuesto: el especial a la energía, del 5,1%. Por tanto, un tercio del precio que hemos estado pagando por la electricidad en realidad han sido impuestos controlados y regulados por el propio Gobierno de España.
Ahora, el equipo de Pedro Sámnchez, presionado por la sociedad y sus propios socios de Unidas Podemos, ha dado un paso adelante y recortado la fiscalidad eléctrica. El IVA ha pasado del 21% al 10%, el Impuesto Especial a la Energía ha bajado del 5,1 al 0,5% (lo que permite la Unión Europea) y el Impuesto a la Generación Eléctrica ha sido suspendido -que no eliminado- hasta final de año.
Y ahí surge la temporalidad de esta rebaja. Según el documento interno que ha estado utilizando el Gobierno de España para gestionar esta rebaja de impuestos, redactado por el Ministerio de Transición Ecológica que lidera Teresa Ribera, concretamente en su punto número 5, este recorte fiscal que afectará a la factura de octubre deberá ser recuperada en el futuro. De hecho, concreta el ministerio que la reducción en el 28% de los precios de la electricidad por la modificación de la batería de impuestos que la encarecen “se tendrá que recuperar de forma asumible en las próximas revisiones”.
El déficit del Estado, desorbitado desde siempre y más tras la pandemia, no permite alegrías en la recaudación fiscal. El Estado, sus altos cargos, las instituciones, los servicios sociales, el gasto corriente, las inversiones y demás pagos asociados necesita su propia electricidad para seguir funcionando. Y esta energía son los impuestos que pagamos los ciudadanos.
