El Juzgado de lo Penal número 4 de Palma ha acogido este viernes la última sesión del juicio. Originalmente previsto para marzo de 2020, el juicio se aplazó varias veces y finalmente se ha ido celebrando en fechas separadas a lo largo de varios meses por motivos de agenda.
El fiscal acusa a los hijos del empresario José María Ruiz-Mateos de defraudar al Govern en el pago del impuesto de transmisiones patrimoniales en la adquisición del hotel, que ahora reclama la Agencia Tributaria de Baleares a través de la Abogacía de la Comunidad. La Fiscalía cifra el supuesto fraude en 1,9 millones de euros y pide una multa de 9,5 millones.
Por su parte, la defensa considera que no hay delito porque entiende que la operación estaba exenta de ese tributo y que no se produjo una ocultación a la Hacienda pública. En particular, argumenta que no se trató de la compra de un inmueble sino del 100% de una sociedad que poseía dos hoteles, el Beverly Playa en Mallorca y el Beverly Park en Gran Canaria.
En su informe final, el fiscal ha sostenido que los hermanos Ruiz-Mateos tenían "pleno conocimiento" de que debían pagar ese impuesto ya que más del 50% de la sociedad era el inmueble.
Además, Anticorrupción considera que ha quedado probado que los hijos de José María Ruiz-Mateos "intervenían en el Grupo Nueva Rumasa", a la que estaban "vinculados laboralmente" y que "controlaban", y que en virtud de ello "tomaron decisiones sobre esta compraventa".
Así, el fiscal ha enfatizado que, de hecho, "sin ellos no habría sido posible" la compra, "sin su firma como avalistas", de manera que su intervención "no es anecdótica sino decisiva".
Frente a las alegaciones del Ministerio Fiscal, el abogado defensor de los hermanos Ruiz-Mateos, Juan Manuel García Gallardo, ha sostenido que "no hubo ocultación" a la Agencia Tributaria de Baleares (ATIB) y que ésta tuvo "perfecto conocimiento de que se otorgaban las escrituras y de que quienes intervenían hacían la manifestación de estar exento del impuesto".
También ha subrayado que han declarado varios asesores que intervinieron en la operación señalando que a su criterio la compraventa estaba exenta, y sin que se produjera "ninguna controversia" respecto a este punto, ni por parte de ellos ni por el notario, que "emitió juicio de legalidad".
"Ninguno ha puesto sobre la mesa que en algún momento se suscitara la duda de si la operación estaba o no exenta. Si los letrados no albergan esa duda y nadie la plantea, ¿cómo van los avalistas, que no tienen esa práctica profesional, a tener la convicción contraria?", ha razonado.
Igualmente, el letrado defensor ha argumentado que en cualquier caso la supuesta infracción ya habría prescrito porque la ATIB actuó tarde, y ha reprochado al fiscal que varias de sus alegaciones estuvieran relacionadas con el procedimiento anterior por estafa sin tener "nada que ver" con el apartado tributario.
En septiembre de 2019, durante el juicio por estafa en la compra del hotel Eurocalas de Mallorca, uno de los hermanos aseguró que tras la quiebra de Rumasa lo perdieron todo. "No tenemos nada, nuestras casas están hipotecadas, ejecutadas y embargadas; y no tenemos absolutamente patrimonio de ningún tipo, a pesar de las calumnias, estamos arruinados", declaró José María Ruiz-Mateos.
Según las fuentes consultadas, precisamente, la carencia de recursos es uno de los motivos que han dificultado llegar a un acuerdo con la Fiscalía, ante la elevada multa que solicita la acusación.
En el caso del hotel Eurocalas, la Audiencia Provincial condenó a los seis hermanos a penas de entre dos años de cárcel y un año y nueve meses, y a pagar, cada uno de ellos, 9.000 euros de multa. También les impuso una indemnización de 12,7 millones de euros por un delito de estafa agravada.
El Tribunal Supremo modificó en octubre de 2018 la sentencia a los Ruiz-Mateos por una estafa en la compra de los hoteles Beverly, rebajando parcialmente la pena de prisión al anular la condena por el delito de alzamiento de bienes y suprimir una agravante.
