Así lo ha comunicado el Ajuntament de Palma en una nota de prensa en la que explica que el área de Bienestar Social atendió a 12 familias afectadas por el desalojo.
El área de Modelo de Ciudad ha decretado este jueves medidas cautelares para garantizar la seguridad de los edificios, situados en las calles Andreu Feliu número 35 y en el número 24 de la calle Pare Francesc Molina. Todos los usos han quedado prohibidos de manera inmediata, lo que afecta a 35 viviendas y a los locales de la planta baja.
El consistorio ha decretado que en un plazo de siete días se apuntale todo el edificio, y en tres meses se debe presentar un informe en el que se revise la seguridad estructural y se asegure la estanqueidad de la red de saneamiento.
Este decreto se produce después de la inspección por parte de los técnicos municipales del Servicio de Protección de la Edificación en los locales de la planta baja de los dos edificios, donde constataron el mal estado de la estructura de hormigón. De inmediato se procedió a desalojar y precintar el edificio.
Efectivos de la Policía Local, del Cuerpo de Bomberos y trabajadores sociales colaboraron en el desalojo y asistieron a las personas afectadas. Se ha puesto a disposición de las comunidades el contacto de los servicios municipales por si necesitan de sus servicios.
Esta mañana, los técnicos municipales, junto con el técnico designado por las comunidades, han revisado conjuntamente el estado del edificio con el fin de agilizar las tareas de apuntalamiento tal como dicta el orden de ejecución.
Desde el área de Urbanismo se ha hecho un llamamiento a los propietarios de los inmuebles para cumplir la obligación legal del deber de conservación y rehabilitación de los edificios, así como presentar los pertinentes informes de evaluación.
