La justicia española va más lenta que nunca porque sabe que mientras viva no podrá declararlo inocente ni culpable, y después a olvidarlo. No obstante, necesita guardar las apariencias y contribuye a que se multipliquen los millones de “mal pensados” que, una vez más, aciertan, confirmando el valor de la sabiduría popular. Y más si se trata de un rey de España.
La inviolabilidad constitucional ensuciando el corazón de la sociedad y, los que deberían suprimirla, manteniéndola porque les conviene.
Mientras tanto, en Europa se hunde la reputación de un pueblo que se deja despreciar por sus reyes, hijo y padre, y por sus representantes elegidos en las urnas, colaboradores necesarios de tanto engaño.
Seguimos los cuatro, bien sentados y a la sombra. Alguien dice que Felipe VI terminará abdicando el día que le abrase alguna de las chispas que desprende cada día el incendio de su padre, a pesar del cortafuegos que, para defenderlo, han construido todos los poderes del Estado, incluido el “cuarto”.
Como si desde la “nube” nos hubieran escuchado, acto seguido recibo en el móvil esta portada: “’The Telegraph’ también incluye al rey Felipe en la red de comisiones millonarias saudíes”.
Era la del sábado 14 de marzo de 2020 y al día siguiente, seguro que esto usted sí lo recordará, Felipe VI emitió su famoso comunicado, del que se dijo que había aprovechado el shock del Estado de Alarma para que no se convirtiera en la noticia del día. Yo tampoco recordaba los del Telegraph.
Un comunicado Real que comenzaba con una doble mentira:
"Ante las informaciones referidas a S.M. el Rey Don Juan Carlos, aparecidas hasta la fecha en distintos medios de comunicación, la Casa de S.M. el Rey quiere hacer constar:”.
En realidad, lo que provocó ese comunicado no fueron las “informaciones referidas a Juan Carlos I”, pues esas habían estallado cuando lo del elefante en 2012 y en absoluto llenaban las portadas en 2020. El comunicado responde a la noticia del rotativo inglés acusando a Felipe VI de lucrarse como su padre.
Al menos tres detalles del comunicado de Felipe VI lo demuestran.
La urgencia por emitir el comunicado en menos de 24 horas a partir de la “bomba Telegraph” podría explicar que un texto asesorado para un rey incluya tantas inconveniencias. Volviendo a pensar mal, cuando se pretende la cuadratura del círculo todo son tropiezos, que se multiplican si te sabes tan inviolable que podrías cometer cualquier delito sin recibir castigo.
Regresamos los cuatro al emérito fugado y comentamos un titular del miércoles en Infolibre: “El fiscal suizo imputa al presidente del banco Mirabaud por no alertar de los 65 millones relacionados con el rey emérito”.
Entonces reparamos en el capítulo 14 de “El rey al desnudo”, de Ekaizer, aún fresco en la memoria, donde se reproducen textualmente las declaraciones que el 9 de octubre de 2018 prestaron Arturo Fasana, Dante Canonica y Luc Thévenoz, este último en representación del banco Mirabaud & Cie SA ante el mismo fiscal Yves Bertossa, de Suiza, quien pasará a la historia por sacar a la luz y perseguir algo que en España nadie se hubiera atrevido jamás.
La sensación de crisis es total cuando lees en un libro de papel actuaciones judiciales que han tenido lugar hace casi tres años y te tropiezas en la prensa del día con las decisiones derivadas de aquellas actuaciones.
Pensábamos que cambiaríamos de tema cuando nos pusimos a hablar de un Tribunal Constitucional que está de moda por sentenciar, en menos de lo que dura un embarazo y por 1 voto de diferencia, contra el Gobierno y el Congreso a cuenta del Estado de Alarma declarado en marzo de 2020. Mientras, ese mismo Tribunal tiene pendientes recursos sobre leyes como la del aborto (11 años) o la prisión permanente revisable (5 años).
Y dentro de poco alguien presentaré recurso contra la de Memoria Democrática. ¡¡Cuánto peligro este TC para las víctimas del franquismo!!
Llegados a ese punto comentábamos que el Gobierno, si quiere, puede conseguir la mayoría necesaria de 176 escaños para modificar el artículo 90.1 de la LOTC 2/1979, de tal manera que al TC se le exija unanimidad de sus doce miembros en las sentencias que pretendan declarar inconstitucional cualquier ley aprobada en el Congreso o en los Parlamentos autonómicos. Qué menos, para conciliar la separación de poderes con el respeto al sufragio universal desde un poder que no nace directamente de las urnas, sin las cuales no hay libertades ni democracias.
Vale, pero lo más gracioso es que la suciedad de la monarquía rompió también ese debate, esta vez desde una exclusiva de “Público” del día 4.
“Juan Carlos I intercedió con el Constitucional para librar a 'Los Albertos' de prisión el año que recibió 100 millones en una cuenta opaca”.
Eso decía la portada, que corresponde a la cuarta entrega de la serie “El verdadero origen de la fortuna del rey emérito” en la que, a modo de resumen, se afirmaba que “La caída en desgracia de Juan Carlos I se fraguó en 2008, justo cuando todos sus negocios con 'Los Albertos' parecían haber llegado a buen puerto, porque las operaciones que efectuaron ese año acabaron por activar las investigaciones de la Audiencia Nacional sobre el bróker suizo Fasana y condujeron a la cuenta 'Soleado'.”
Nos despedimos de la tarde habladora siendo ya, casi, de noche, y de regreso a casa, conduciendo, pensaba en los nombres de tantas corrupciones políticas que han nacido y engordado durante los últimos 40 años.
Son cuatro décadas que han coincidido con la corrupción que, desde antes de la muerte del dictador, ha sido el oro de cada día para la monarquía española, restaurada en 1947. Lo certifican informaciones que van apareciendo a pesar de esa ley franquista de Secretos Oficiales que ningún gobierno quiere romper.
¿Qué traumas y confusiones dominan el inconsciente colectivo de la sociedad española para que sea incapaz de limpiar tanta suciedad?
El franquismo tuvo tanta suerte como criminal fue su trayectoria. No solo le perdonaron la vida los vencedores de la Segunda Guerra Mundial tras derrotar a los nazis y al resto de sus aliados, sino que, años después, coincidió con la etapa de expansión de la Sociedad de Consumo, un fenómeno del que ningún país europeo podía quedar al margen.
Fue en 1966, nueve años antes de aquella muerte, cuando Balay lanzó la primera lavadora automática en España y en millones de mentes, que solo querían pensar en clave NO-DO por si acaso, quedó grabada una vinculación necesaria entre la voluntad del dictador y un invento tan liberador.
La voluntad de un dictador que, por la gracia de dios, un año creaba lavadoras y tres después elegía a Juan Carlos de Borbón para que reinara España.
Unas lavadoras que fueron la coartada para que la suciedad que nunca podrán lavar siga produciendo, solo para los elegidos, pingües y oscuros beneficios.
