El alcalde de Llucmajor, Éric Jareño, ha anunciado que el ayuntamiento del municipio tendrá que derribar una parte del CEIP Urbanizatzacions, después de recibir la notificación del TSJB (Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares) en la que comunica que rechaza la oferta del ayuntamiento y hace ejecutar la primera sentencia.
“Desde el Ayuntamiento se ha hecho todo lo posible y lo imposible para intentar evitar esto, siempre siguiendo las recomendaciones técnicas, porque en ningún caso noltros queríamos esta solución”, ha señalado el alcalde.
En concreto, el derribo afecta una franja de cuatro metros que obligará a derruir diferentes espacios del centro, como la entrada y salida de servicios, la cocina, el comedor y la biblioteca.
“Este es un problema que viene desde muy atrás”, continúa el alcalde, que añade que “hemos puesto todos los medios que tenemos a nuestro alcance para evitar llegar a esta situación, sobre todo para no afectar la comunidad educativa, principalmente los niños y sus familias, pero no nos queda más remedio que cumplir la sentencia, con lo cual intentaremos junto con los arquitectos, ingenieros y todo el departamento jurídico y técnico de Urbanismo que este proceso afecte lo menos posible el centro”.
Por su parte la regidora de Educación, Xisca Lascolas, explica que “ya hemos comunicado la decisión judicial a la escuela y ya estambre trabajando en el programa de actuación”.
Lascolas pose de manifiesto que, debido a la estructura del centro, “el retranqueig afectará más metros de los que teniem previstos y nos obligará a remodelar toda la escuela, empezando por la entrada, que es una de las zonas afectadas”.
En este sentido Lascolas afirma que “nuestro objetivo es trabajar de la mano con la Conselleria de Educación” y “desde el Ayuntamiento ya hemos empezado a trabajar en la elaboración del plan de actuación y la temporalización de las obras”.
La responsable del área de Educación de Llucmajor añade que “este curso escolar no se verá afectado”.
En cuanto al regidor de Urbanismo, Guillem Roig, asegura que “desde el Ayuntamiento nos hemos encontrado con este problema, que venía desde muy atrás, y hemos hecho todo lo que estaba en nuestras manos para intentar llegar a un acuerdo y evitar esta situación, pero no ha sido posible”.
Roig añade que “ahora tenemos que cumplir la setència e intentar que las obras afecten al funcionamiento del centro”.
Los hechos se remontan al año 2009, cuando un grupo de vecinos denunció errores en el proyecto de contrucción del CEIP, a cargo del IBISEC (Instituto Balear de Infraestructuras y Centros Educativos), que es el órgano encargar de ejecutar las obras de los centros escolares de las Islas. Según la denuncia de los vecinos, el proyecto contravenía el planeamiento urbanístico vigente. Una vez acabadas las obras del centro en 2010, se modificó el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) para ajustar el uso de los terrenos, decisión que lo TSJB anula ahora con esta sentencia.
