La consejera de VOX Cristina Macías ha explicado que “el artículo 104 de la Constitución quedaría prácticamente vacío de contenido en las Illes Balears si no se produce la equiparación de indemnización por residencia respecto de otros territorios en idéntica situación, en aplicación de la igualdad real y efectiva, y ello motivado por la fuga de nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que eligen otros destinos más económicos y con mejores condiciones”.
La equiparación lleva reclamándose desde 2003 para todos los Empleados Públicos Estatales destinados en las Balears, quienes padecen exactamente las mismas consecuencias y merecen, como no puede ser de otro modo, que se les reconozca idéntico complemento a todos ellos por virtud del tan mencionado principio de igualdad.
“A lo largo de los años, se han sucedido las promesas y compromisos electorales de los partidos que se han turnado en el Gobierno de la Nación, con el resultado de no haber dado solución a tan importante cuestión que afecta al supremo interés general”, ha señalado Macías.
Cabe recordar que, según el balance de criminalidad del Ministerio del Interior en 2019, la tasa de criminalidad en Balears se situaba en 67,5 infracciones penales por cada 1.000 habitantes censados en la Comunidad autónoma, siendo la más alta de todas las Comunidades Autónomas. A esto hay que añadir que Balears posee una de las tasas más bajas de causas penales esclarecidas, es decir, la Comunidad Autónoma con mayor tasa de criminalidad per cápita tiene el peor resultado de esclarecimiento de infracciones. Pero ello no nos sorprende, porque los encargados de velar por la seguridad ciudadana y esclarecer los hechos delictivos, es decir, nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, no eligen Balears como destino.
