Patricia Gómez, al frente de la Conselleria de Salut i Consum, así como algunos de los miembros de su equipo, tuvieron una presencia constante en los medios de comunicación. Posiblemente por este motivo, han dado también lugar a un elevado número de titulares durante los últimos 24 meses.
Antes de que comenzara la pandemia por la Covid-19, a finales de 2019 la Sindicatura de Comptes detectó que el IbSalut gastó cerca de 200 millones de euros más de los que tenía autorizados durante el año 2017, ya con el actual equipo directivo al frente del departamento. Así, el informe indica que el IbSalut incumple sistemáticamente los procedimientos legales en materia de contratación.
Además, a principios de 2020, los tribunales declararon nulo el decreto sobre el catalán en la sanidad. Se trata de la segunda normativa elaborada en este sentido, con la que el Govern trataba de suavizar los requisitos lingüísticos ante las numerosas críticas efectuadas por parte de los médicos y otros profesionales sanitarios. El recurso sobre el que se pronunció el Tribunal había sido promovido por el sindicato CSIF.
Bien entrados ya en la pandemia, el personal sanitario de Balears se tuvo que enfrentar a diario con la cruenta batalla contra el virus sin la protección pertinente. El personal denunció que desde la dirección del Hospital Universitari de Son Espases se les había amenazado con expediente disciplinarios si hablaban públicamente sobre la situación de falta de EPIs.
Habiendo comenzado ya el periodo de confinamiento, Salut fue ágil a la hora de autorizar la renovación automática de recetas y tratamientos farmacológicos a pacientes crónicos con el objetivo de facilitar el cumplimiento de las medidas restrictivas sin que se viera afectada la salud de los pacientes.
En junio del año pasado, el Consell de Govern aprobó una partida extraordinaria de más de 45 millones de euros para dotar al IbSalut de más recursos ante la pandemia, como la compra de material de protección o la contratación de más profesionales de refuerzo.
Un hecho que contrasta con las movilizaciones que anunció el Sindicato Médico de Balears, el más representativo del sector sanitario. Desde SIMEBAL avanzaban un otoño caliente si el Govern no atendía las reivindicaciones del colectivo.
Una vez superada la primera ola de la pandemia, SIMEBAL denunció que, más allá de los aplausos, las exigencias del sector continuaban sin ser atendidas por la Administración, entre ellas la habilitación de un complemento económico de la Covid-19, un incremento salarial del 2 por ciento comprometido en su momento por el Ejecutivo autonómico y el aumento del precio de las guardias.
En octubre de 2020 fue el Sindicato de Enfermería Satse el que denunciaba que el IbSalut retrasaba intencionadamente el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Balears, donde se condenaba a la Comunidad Autónoma a indemnizar a los enfermeros interinos y temporales con el pago del complemento de la carrera profesional en las mismas condiciones que el personal fijo.
El año finalizaba con nuevas polémicas. Durante los primeros meses de la pandemia, el Hospital de Son Espases no realizó pruebas de detección de coronavirus a todos los pacientes que ingresaban en el centro. Esta actuación contravenía las disposiciones acordadas entre el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas, donde se recomendaba, después del confinamiento duro de los meses de marzo y abril, realizar estas pruebas a todos los usuarios hospitalarios, fuera cual fuera su patología.
A pesar de todo, a principios de este año, el diario Ultima Hora encargó una encuesta al Institut Balear d'Estudis Socials en la que la consellera de Salut, Patricia Gómez, recibió la mejor valoración de los ciudadanos por su tarea, por encima del resto del Govern, si bien es cierto que ninguno de ellos, Gómez incluida, obtuvo el aprobado.
Este pasado mes de febrero, el Consell de Govern concedió la Medalla de Oro de la comunidad autónoma de Balears a los profesionales sanitarios por su lucha y entrega en tiempos de pandemia. Un hecho que no acabó de gustar a determinados sindicatos, que calificaron este reconocimiento como una operación de maquillaje, mientras dejaban claro su postura de descontento ante la gestión del Govern y de la Conselleria de Salut.
Cuando comenzó la vacunación, surgieron nuevos problemas para el Ejecutivo en el área de Salut. Al ritmo lento y la falta de dosis recibidas por parte del Gobierno de España, se le sumó la polémica por la vacunación de altos cargos. A pesar de las presiones de sus socios de Govern, la presidenta, Francina Armengol, confirmó en su cargo al coordinador del plan de vacunación, Carlos Villafáfila, responsable de las presuntas alteraciones acaecidas en el protocolo de dispensación de las fechas.
Semanas más tarde de esta ratificación, Villafáfila abandonó su puesto de trabajo, oficialmente a causa de una baja médica, y sus funciones fueron asumidas por la actual coordinadora de vacunación, Eugènia Carandell.
El clima de alarma social originado por la presunta vacunación anticipada de altos cargos políticos y otros responsables institucionales hizo que los partidos de la oposición solicitaran una comisión de investigación sobre el protocolo de vacunación. Una solicitud que los partidos del Pacte se encargaron de tumbar con sus votos en contra.
El lento ritmo de vacunación y que el Archipiélago siga a la cola en el reparto de dosis no acaba de ser bien dirigido. Desde Salut se esfuerzan en justificar al Gobierno de Pedro Sánchez y los motivos por los cuales nuestra comunidad recibe menos vacunas, pero las cifras y las evidencias son las que son.
Después de la tercera ola y de la preocupante evolución de la Covid en Balears, después de Navidad las cifras han ido mejorando progresivamente, hasta convertir a nuestra comunidad en la segunda autonomía con una la incidencia más baja. Todo un reto que ahora nos permite abrirnos al turismo.
Uno de los daños colaterales de haber centrado los esfuerzos en la lucha contra la Covid es el que el programa de cribado de cáncer de colon se encuentra estancado en nuestra comunidad. Lamentablemente, el problema no es nuevo, ya que la situación se remonta ya hasta 2015.
Hace unas pocas semanas se volvieron a publicar nuevos titulares sobre la saturación de las urgencias de Son Espases. La dirección del centro hospitalario ligó este incremento de la demanda asistencial en Urgencias al aumento de la actividad quirúrgica y la consecuente necesidad de camas.
Esta misma semanas se ha aprobado en el Consell de Govern las cantidades destinadas a pagar lo que se conoce como plus Covid al personal sanitario. Un plus que ha pasado de los 2 a los 10 millones de euros y que se pagará en la nómina de junio. Salut multiplica así por cinco la productividad de los profesionales sanitarios.
A pesar de todo, los sindicatos critican la forma en la que la gerencia de Son Espases ha repartido la citada partida económica porque entienden que se pueden generar agravios comparativos.
Luces y sombras en la gestión de Patricia Gómez al frente de las áreas de Salut i Consum. Juzguen ustedes mismos.
