Rosario Sánchez, anterior delegado del Gobierno, tomó el relevo de Catalina Cladera al frente de este departamento. Dos años en los que Sánchez ha ido puliendo su oratoria y dialéctica parlamentaria.
En sus titulares más positivos destaca la intención de Rosario Sánchez, antes de iniciarse la pandemia, de recortar los gastos financieros del Govern en los presupuestos de 2020. La previsión era rebajar este gasto en 50,23 millones de euros en relación a 2009, con un valor relativo del 1,1 por ciento.
Una vez inmersos ya en la pandemia, y en el transcurso de una reunión con directivos de la banca, el Govern solicitó a las entidades financieras flexibilidad en el cobro de las hipotecas firmadas por clientes que estuvieran en riesgo de perder su puesto de trabaja a raíz de la pandemia.
Asimismo, de la gestión de Rosario Sánchez destaca haber conseguido la rectificación del presidente Pedro Sánchez para que las Illes reciban más dinero del fondo de rescate autonómico articulado a partir de la propagación de la Covid-19.
Por otra parte, y a pesar de haberlo argumentado de todas las maneras posibles en sesión parlamentaria, ni Rosario Sánchez ni ningún otro miembro socialista del Govern ha conseguido que se aceptara la inconstitucionalidad de las cuentas generales del Estado.
MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca, Partit Popular y Cs dieron su apoyo a la iniciativa de El PI. La propuesta tuvo que ser presentada hasta en dos ocasiones en el Parlament Balear, después de que en la primera ocasión la ausencia de dos diputados impidiera su aprobación.
A finales de la pasada legislatura, la presidenta del Govern, Francina Armengol, anunció que Balears dispondría de un nuevo REB en 2019, ya que así se lo había asegurado Pedro Sánchez después de una reunión en La Moncloa. Tres años más tarde, el nuevo REB sigue sin existir, a pesar de que Armengol hablara por aquel entonces de aprobación "inminente" y de la posibilidad de llegar incluso a servirse de la figura del Decreto Ley.
El Govern comenzó la legislatura asumiendo un déficit que, contabilizando solo hasta el mes de mayo de 2019, ya se situaba en 417 millones de euros. Esta cantidad supone el 1,27 por ciento del PIB balear, mientras que el límite autorizado para toda la anualidad es del 0,1 por ciento. La media por comunidades autónomas es muy inferior a la del archipiélago, con un 0,34 por ciento.
Además, el impacte económico de la pandemia y de la caída del PIB, estimada por el Govern en un 28,8 por ciento, disparan la deuda pública de Balears, que se situó, a finales de 2020, en el 37,7 por ciento del PIB. La deuda acumulada hasta finales de junio, que sirve de referencia para estas estimaciones, ascendía hasta los 9.329 millones de euros, según datos del Banco de España.
El pasado mes de mayo llegó cargado de malas noticias para la conselleria de Sánchez. En declaraciones durante su visita a Palma, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseguró que la inversión por habitante en Balears está por encima de la media nacional (422 euros/ 344 euros). Con estas manifestaciones, Montero defendió, ante la mirada de la presidenta del Govern, Francina Armengol, la no aprobación del nuevo REB balear, un hecho que atribuyó a la ralentización provocada por la pandemia.
Además, el Gobierno central debe 78 millones de euros a Balears correspondientes a la liquidación del IVA de 2017. Esta deuda ha sido conocida por la opinión pública después de que el Tribunal Supremo obligara al Ministerio de Hacienda a devolver a Castilla y León la liquidación del IVA del periodo citado, así como a que se divulgara que existían otras comunidades en la misma situación, entre ellas, Balears.
La ministra, María Jesús Montero, ha indicado que estas cantidades se devolverán a las autonomías afectadas solo cuando así lo "considere oportuno" la Abogacía del Estado.
Luces y sombras en la gestión de Rosario Sánchez en la Conselleria d'Hisenda. Juzguen ustedes mismos.
