Así, durante el baile de responsabilidades escenificado por la clase política, se ha perdido lo que realmente importa, que no es otra cuestión que el bienestar de los menores tutelados. De este modo, las aportaciones que haya podido presentar la Conselleria d'Afers Socials han quedado diluidas por este escándalo tan flagrante.
Santiago, además, no comenzó con buen pie. Uno de los primeros titulares en esta legislatura fue que el albergue de La Victòria, en Alcúdia, tenía que ser desalojado por cuestiones técnicas.
En octubre de 2019, Santiago anunció su intención de completar el mapa de residencias con la puesta en marcha de los equipamientos de Marratxí y Son Martorell, en Mallorca; además de la construcción de la primera residencia en Formentera y otro centro en Maó. Algunas de estas obras, de hecho, ya están en funcionamiento.
También a finales de 2019, Balears se convirtió en la autonomía pionera en la instauración de un nuevo sistema de valoración de los grados de discapacidad y dependencia, con la clara intención de simplificar estos procedimientos.
Un año y medio más tarde, a principios de 2021, la consellera d'Afers Socials, Fina Santiago, ha reconocido retrasos en las valoraciones de discapacidad y admite que las medidas articuladas para contrarestar esta situación no han sido hasta el momento efectivas. De hecho, los retrasos llegan a los 15 meses en Menorca, a los 7 en Eivissa y a los dos y medio en Mallorca.
En diciembre de 2020, en plena situación pandémica, la consellera Santiago solicitó al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, un cambio en los criterios de concesión para beneficiarse del Ingreso Mínimo Vital (IMV), con el fin de incluir situaciones de vulnerabilidad que no estaban contempladas inicialmente.
Ya en 2021, se hace público que las ayudas económicas que reciben las personas con dependencia en Balears superan, por primera vez, los 4 millones de euros, con un incremento del 112 por ciento en los últimos cinco años.
En contraste, una semana más tarde, sale a la luz el hecho de que el Govern acumula un agujero económico de 500 millones de euros a causa de la falta de financiación para la aplicación de la Ley de Dependencia. En el año 2019, el último del cual se dispone de las cuentas cerradas, el Govern destinó a este concepto un total de 163 millones de euros.
En septiembre de 2019, un informe demoledor del Defensor del Pueblo señalaba los centros de menores de Es Pinaret y Es Fusteret como unos de los más conflictivos en toda España. Los dos centros lideraban a nivel nacional las estadísticas sobre fugas, no retorno de los internos, autolesiones y agresiones a los trabajadores.
Según el citado informe, una de cada dos agresiones que se producen en España en este tipo de centros tienen lugar en Balears. La consellera, por su parte, cuestionó las cifras aparecidas en el estudio.
En agosto de 2020, casi doce meses después de que se publicaran las conclusiones recogidas en el informe, nuevos titulares en prensa avalarían aquello que ya señalaba el Defensor del Pueblo: motín en el centro de menores de Es Pinaret, donde un grupo de jóvenes agredieron a un vigilante y tres de ellos consiguieron incluso escapar de las instalaciones. Tuvo que ser necesaria la intervención de la Guardia Civil para poder desactivar estos episodios violentos.
Hay que remontarse hasta 2017 para toparse con el anuncio de la Conselleria d'Afers Socials sobre la construcción de un nuevo centro de atención a menores con penas pendientes, con una capacidad de 32 plazas. Estas instalaciones permitirían aliviar la presión que sufre el centro de Es Pinaret, saturado actualmente con 70 usuarios para 50 plazas disponibles. El nuevo, aquel que fuera presentado en el ya lejano 2017, sigue sin estar disponible.
Mientras, la fuga de menores de los centros se siguen multiplicando, un hecho denunciado por la oposición. Aseguran que desde 2015 estos casos han aumentado notablemente: muchos de los menores no vuelven a los centros y faltan, además, medidas de seguridad.
En este escenario estalla el conocido como Caso Corea y la explotación de menores pasa a la actualidad diaria. La vergonzosa noche de Año Nuevo en la que un grupo de jóvenes en un piso de Camp Redó agredieron sexualmente a una menor tutelada de 14 años, poniendo así de relieve una triste realidad silenciada.
El escándalo llegó a límites insospechados cuando Fina Santiago llegó a responsabilizar a los cuerpos de policía y a la Fiscalía de los caos de abusos a niños y niñas tuteladas.
La dimisión de la consellera sigue resonando en los pasillos. Ella, Santiago, Javier de Juan, presidente del IMAS, y Catalina Cladera, presidenta del Consell Insular de Mallorca, protagonizan el triángulo de las responsabilidades, pasándose la pelota una y otra vez.
La falta de asunción de responsabilidad se ha convertido en una constante en las intervenciones de la consellera, un hecho que ha indignado a diversos sectores.
Finalmente, el pasado mes de febrero, el caso de los menores abusados llega hasta el Parlamento Europeo para vergüenza de nuestra comunidad. Lamentablemente, siguen abundando los titulares en prensa sobre el mismo tema sin que se haya avanzado nada en la consecución de una solución definitiva.
Luces y sombras en la gestión de Fina Santiago al frente d'Afers Socials. Juzguen ustedes mismos.
