SI bien se han adaptado los sistemas de fumigación por vía aérea para combatir la procesionaria del pino utilizando producto biológico, el BTK, que no contamina, o se ha optado por la protección de árboles singulares para mantenerlos intactos al ataque de la xylella; estas son acciones que, como quien dice, se presuponen en la gestión diaria de una conselleria como la de Medi Ambient.
Entre sus medallas también puede destacar la erradicación de la avispa asiática; una especie invasora que llegó en 2015 y que en junio de 2020 se dio por extinguida.
Un poco más ambiciosos en sus planes para luchar contra los plásticos de un solo uso, fue la conocida ley de prohibición de las bolsas de plástico. Una iniciativa que ha sacado adelante el manacorí Sebastià Sansó, director general de Residus i Educació Ambiental; y que contó inicialmente con un imprevisto: la presentación por parte del Gobierno de un recurso contra la prohibición al considerar que las CCAA no tienen competencias para regular esta cuestión. El Constitucional avaló la ley balear.
Cabe destacar también que Miquel Mir y los suyos se pusieron al lado de Banyalbufar, Esporles y Valldemossa cuando el cap de fibló del 29 de agosto del 2020 afectó buena parte de estos municipios integrados en la Serra de Tramuntana.
Del mismo modo que se ha autorizado la instalación de una nueva planta de gestión de residuos con capacidad para reciclar el 100% de los objetos que se traten.
En definitiva y reiteramos: todo un conjunto de acciones que van implícitas en los salaros mensuales del conseller, directores generales, asesores y altos cargos que les acompañan.
Todo indica que los proyectos de medio ambiente formarán parte de las primeras partidas que llegarán a las islas procedentes de los fondos europeos. Una cantidad que logrará 17,5 millones de euros para financiar proyectos relacionados con la gestión de residuos, infraestructuras de depuración y corrección de tendidos eléctricos.
Toda una declaración de intenciones que no siempre se corresponden con la realidad.
Cabe recordad que el actual conseller fue director general de la misma conselleria con Vicenç Vidal al frente. Así, Miquel Mir no es un recién llegado. Por este hecho, llamó la atención que uno de sus estrenos fuera un titular muy polémico, agentes de medio ambiente retuvieron a dos alpinistas que practicaban escalada en Alaró. Los obligaron a vaciar sus mochilas, los registraron y los obligaron a abandonar el lugar donde escalaban. Una de las alpinistas resultó ser Tamara Lunger, muy reconocida en su ámbito deportivo.
Este incidente sirvió de base de protesta de grupos de escaladores que denunciaron la persecución a estas actividades, así como cuestionar las acciones de los agentes de medio ambiente.
Además, hace escasos dos meses, una nueva polémica enfrentó a la Conselleria de Medi Ambient i Territori con los colectivos de montaña y escalada, prohibiendo una edición cartográfica distribuida por la editorial Alpina, entendiendo que sus indicaciones inducen a los senderistas a utilizar rutas de la Tramuntana de elevado valor ambiental. Desde la conselleria aseguran que pretenden proteger la nidificación de especies catalogadas, mientras que la editorial entienden que en los mapas deben figurar todos los caminos ya que son de utilidad para los servicios de rescate.
De traca es el capítulo en el que la empresa pública Tragsa mató decenas de ejemplares de tortugas de la especie mediterránea que hibernaba en la zona de Son Real. Desde Medi Ambient se reconoció la matanza y el error después de una denuncia de Gadma.
Se alegó el desconocimiento de la empresa de que estaban los animales hibernando. Si desde medio ambiente no se sabe cuando hibernan los ejemplares de tortuga mediterránea, mal vamos...
Idéntica situación la matanza de cabras en el islote de Es Vedrà en Eivissa el pasado mes de mayo y en pleno confinamiento que encendió a los sectores animalistas y también a la misma propiedad de los islotes, los vedraners, los que calificaron, mediante un comunicado, este acto vil y cruel.
A finales de 2020 numerosos titulares de prensa señalaron que la finca pública Es Canons d'Artà, zona considerada de alto riesgo por incendios, acogería una zona de acampada para 250 personas. Se dispararon todas las alarmas y ecologistas y artanencs se movilizaron. Los mismos vecinos y representantes municipales se enteraron por la prensa. Un auténtico despropósito. Finalmente Mir decidió aparcar la idea, por el momento, pero no está enterrada.
Asimismo, estas no parecen ser las verdaderas patatas calientes del conseller Mir. Las preguntas que lo incomodan siguen siendo las relativas a los vertidos de aguas fecales en la Bahía de Palma que enlaza con el polémico decreto de posidonia y la parálisis permanente del departamento de Recursos Hídrics que provoca el estancamiento de millones de euros en inversión en nuestra comunidad.
Ya en mayo del 2020, el defensor del pueblo hizo público que la Conselleria de Medi Ambient se considera una administración "entorpecedora" por la falta o retraso en la respuesta a los requerimientos que se interponen.
Un entorpecimiento que también se ha de aplicar a Recursos Hídrics, un departamento dirigido para Joana Maria Garau, a la que le han pedido su dimisión en reiteradas ocasiones. De ella dependen los retrasos en las concesiones de perforación para hacer pozos, un sector que se ha quejado públicamente. De ella dependen las concesiones de la mayoría de licencias de obra o reforma; sectores que también se han quejado valorando en 2.500 millones de euros que se podrían invertir en construcción y están paralizados.
De ella, de Joana Maria Garau, depende en cierto modo, la supervivencia de la payesía balear, la cual, también se ha quejado. En todo caso, un auténtico tapón que sigue en el mismo sitio que el primer día.
En referencia al famoso decreto de posidonia, totalmente cuestionado por las asociaciones de navegantes y clubes náuticos, al considerar que se los acusa, responsabiliza y criminaliza de dañar la posidonia, el Tribunal Superior de Justicia de Balears ha declarado nulo el régimen sancionador que prevé el decreto, aprobado en 2018. Por ahora no hay sanciones que valgan.
En el caso concreto de la Bahía de Palma, uno de los principales efectos nocivos sobre la posidonia oceánica no son precisamente las embarcaciones, sino las aguas fecales que desde hace años y años se filtran desde la depuradora de Platja de Palma. No lo decimos nosotros, lo dice un completo informe del Seprona de la Guardia Civil.
Con todo, el conseller Mir consideró, en una comparecencia parlamentaria, que la responsabilidad de estos hechos recae únicamente al Ajuntament de Palma y no a su conselleria.
Pero el conseller Mir fue bueno para retratarse ante la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, este pasado mayo, al anunciarse que el Estado pagaría el 80% del coste de la nueva depuradora que en 2026 debería acabar con las filtraciones de aguas no depuradas en la Bahía de Palma.
El acuerdo indica que este 80% se aportará de los fondos europeos. ¿Y si Europa no bendice el proyecto? ¿Un nuevo brindis al sol?
Con todo, luces y sombras en la gestión de Miquel Mir al frente de Medi Ambient en el ecuador de la actual legislatura, juzguen ustedes mismos...
