A la luz de los datos proporcionados por la Conselleria d’Educació en la mesa técnica del pasado 20 de mayo, USO constata que el sector concertado seguirá estando infradotado para la atención de alumnos con necesidades de apoyo educativo, en claro contraste con la enseñanza pública.
La administración sacrifica el principio de integración e inclusividad que proclama la recién aprobada LOMLOE a criterios economicistas, manteniendo la misma dotación global que tenían los centros concertados antes de la aprobación de la citada Ley Orgánica y sin tener en cuenta las enormes consecuencias negativas para el alumnado vulnerable que ha acarreado la crisis sanitaria del COVID.
La conselleria fija un máximo de horas por centro para atender a dichos alumnos, lo cual contradice claramente lo planteado en la futura ley educativa balear. Se predica aquello en lo que, en la práctica, no se se cree.
USO ha solicitado repetidamente que la Conselleria informe de la dotación de personal de atención a la diversidad que, a día de hoy, tienen los centros públicos, que la conselleria sigue ocultando al sector concertado.
Mientras tanto, Educació pretende que los miembros de la mesa de concertada sean los que decidan cómo repartir el mismo número de profesionales con que el sector contaba el pasado curso, lo que implica necesariamente que, para que un centro reciba más dotación de recursos -porque haya aumentado el número de alumnos con necesidades-, otros centros tendrán que reducirlos, aunque sigan teniendo el mismo o mayor número de alumnos en la misma situación.
Es importante señalar que la causa por la cual en el último curso, en medio de una situación de emergencia sanitaria y educativa el número de alumnos con necesidad de apoyo haya disminuido se debe exclusivamente a que los profesionales encargados de dicho diagnóstico han tenido de ocupar plazas de tutor de las aulas desdobladas como consecuencia de la crisis COVID. Pero, en realidad, el número de alumnos con necesidades no solo no ha disminuido, sino que, lógicamente, se ha disparado.
La insuficiencia de recursos humanos para atender debidamente al alumnado con necesidades específicas se une a un enorme déficit de la partida de gastos de funcionamiento de los colegios, que reciben los fondos en igual cuantía desde 2009, pese a las promesas -incumplidas- de actualizarlos por parte del actual equipo.
