Fallecidos, pacientes en planta, nuevos contagios..., cifras diarias a las que desgraciadamente casi nos hemos acostumbrado y a las que, a partir de ahora, tendremos que añadir nuevos conceptos como el de quiebra económica, concurso de acreedores y pobreza.
Así lo demuestra el informa elaborado por el Consejo General del Poder Judicial que se refiere a nuestra comunidad, donde se evidencia que durante el primer trimestre de 2021 hasta 74 empresas se declararon en concurso de acreedores, a pesar de la moratoria excepcional vigente para tratar de evitar llegar a este escenario.
Esta cifra supone un incremento del 85 por ciento respecto a finales del año pasado y a la que hay que añadir 70 personas físicas más que han acudido a los juzgados de primera instancia para tratar de reestructurar su deuda bajo el amparo de la ley de segunda oportunidad.
La situación económica tiene unas consecuencias directas sobre la población, y así lo demuestra el hecho de que durante los tres primeros meses del año se han ejecutado de forma positiva hasta 461 desahucios, la mayoría de ellos por la incapacidad de los inquilinos para hacer frente al coste del alquiler.
El trabajo, junto a la salud, es uno de los bienes más preciados en estos momentos, pero la realidad es que más allá de los ERTEs aplicados en muchas de las empresas del Archipiélago, los juzgados acumulan ya más de 600 demandas por posibles despidos irregulares. Todo hace indicar que la otra crisis no ha hecho más que comenzar.
