En un escrito en el que explican que "sólo se pueden suspender derechos fundamentales mediante Ley Orgánica -que no es competencia autonómica- y en estado de excepcionalidad", detallan también que no se permite adoptar medidas con fines económicos con el pretexto de 'salvar la temporada turística' y, por tanto argumentan que, "no se puede restringir la actividad de negocios y actividades empresariales de forma indiscriminada".
En este sentido, han señalado que una medida de cierre tiene como requisito indispensable el trámite de audiencia donde los afectados disponen de 10 a 15 días para alegar lo que consideren conveniente antes de que se produzca el cierre efectivo.
Según estas entidades, ninguno de estos puntos se cumple y, por ello, aseguran que los empresarios de la restauración, "en el pleno ejercicio de la legalidad vigente" abrirán, "con normalidad" sus negocios y atenderán a "todos los clientes que deseen frecuentarlos".
