Según ha informado la consellera Gómez este martes en el pleno del Parlament, en respuesta a preguntas de los grupos de Cs y el PP, "el colapso en urgencias fue una situación puntual que se produjo el 26 de abril y que afectó sobre todo a Son Espases, con 403 urgencias, y al Hospital Comarcal de Inca, con 200. También, en menor medida, a Son Llàtzer".
Frente a esta situación, la consellera ha hecho hincapié en que "el Hospital de Son Espases puso en marcha el plan de contingencia, habilitando un total de 36 camas reservadas para hacer frente a la pandemia, porque está aún no ha finalizado, y 24 horas después, el martes 27 de abril, se había recuperado la normalidad en Urgencias, atendiéndose 407 urgencias sin problema alguno".
Mientras que, "en el caso del Hospital Comarcal de Inca, donde el pasado lunes 26 de abril hubo un pico también de Urgencias, durante una hora y media se trasladaron a dos pacientes hasta Son Espases".
El pleno del Parlament ha aprobado este martes por unanimidad la proposición no de ley impulsada por el PP con la que se insta al Govern a exigir ante el Estado, "de manera firme y contundente" la implantación "efectiva" de todas las medidas previstas en el Real Decreto del Régimen Especial de Balears (REB) de 2019, con dotación económica para los próximos presupuestos generales.
La mayoría de puntos se han aprobado por unanimidad y sólo se han producido algunas abstenciones, si bien en el debate PSIB y Unidas Podemos han afirmado que varios de los puntos de la propuesta del PP "están en marcha". El portavoz adjunto del PP, Antoni Costa, ha rechazado esa idea sosteniendo que "todos los puntos son necesarios porque ni uno solo se ha culminado".
De hecho, el portavoz de MÉS per Menorca, Josep Castells, comenzaba su intervención ironizando sobre que este tema se ha convertido ya en "un clásico" en el Parlament.
De entre los partidos que forman el Govern, se ha mostrado especialmente crítico MÉS per Mallorca, que impulsó este mismo año junto a partidos de la oposición un recurso de inconstitucionalidad a los PGE de 2021 por incumplir el REB.
La diputada ecosoberanista Joana Aina Campomar, parafraseando al senador del PSM Pere Sampol, ha dicho que "es el colmo" que "todavía" estén discutiendo sobre la aplicación de algo que es "normativa de ley". "Creemos que ya es hora de reaccionar a esta historia de deslealtad institucional en financiación hacia Balears", ha dicho, responsabilizando a PP y PSOE.
La presidenta del Govern balear, Francina Armengol, ha asegurado por su parte que la posidonia "sigue estando protegida" pese a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJIB).
Según ha informado la presidenta Francina Armengol este martes, en respuesta a una pregunta de El PI, "el decreto de posidonia es una herramienta favorable, pionera y que sitúa a Balears a la vanguardia de Europa".
Este decreto tiene, además, ha asegurado, "efectos muy positivos sobre la conservación de la posidonia, porque la gente ha conocido la existencia de esta y la necesidad de conservarla para proteger la biodiversidad marina".
"Esta misma concienciación ha llegado, asimismo, a los patrones de embarcaciones, tal como demuestra que del total de 93.200 actuaciones del servicio de vigilancia, solo se han tenido que mover 5.694 barcas, menos del ocho por ciento".
Por otro lado, ha añadido la presidenta, a pesar de la sentencia del TSJIB sobre el recurso interpuesto al Decreto 25/2018, de 27 de julio, por parte de la Asociación de Clubes Náuticos de Balears y de la Asociación de Navegantes del Mediterráneo, "la posidonia sigue estando protegida y los fondeo siguen siendo sancionables".
Ante estas palabras de la presidenta balear, el portavoz adjunto de El PI en el Parlament, Josep Melià, ha señalado que "pese a que el Govern lucha mucho contra los fondeos incontrolados, lucha de un modo más tenue contra los vertidos de aguas".
En esta línea, ha advertido que "el decreto nace recortado por una de las principales amenazas de la posidonia, que precisamente son los vertidos". Por ello, ha considerado que "se trata de algo que debe mejorarse para proteger la biodiversidad como elemento clave".
Además, ha lamentado que, "pese a que el decreto establecía que se debía crear una cartografía, un plan de gestión y un manual del buen mantenimiento de la posidonia esto no se ha hecho y se ha incurrido en un incumplimiento del decreto por parte del propio Ejecutivo".
La presidenta del Govern se ha defendido de estas afirmaciones asegurando que "el plan de mantenimiento y la cartografía ya se han hecho y se están tramitando".
Además, ha asegurado que "la sentencia del TSJIB ha desestimado el recurso para tumbar el decreto de posidonia, por lo que continúa estando protegida y los fondeos siguen siendo sancionables".
"El Govern balear se queda con esto y con que el decreto no tenía un interés recaudatorio sino de concienciación. El PI, si lo prefiere puede quedarse con las malas interpretaciones", ha dicho.
