Far ha comparecido a petición de los grupos parlamentarios PSIB, PP, Unidas Podemos, Ciudadanos, MÉS per Mallorca y VOX para dar cuenta sobre el informe de la Sindicatura de Cuentas, donde se constatan deficiencias sobre contrato de material y personal.
Durante su intervención, el presidente de la Oficina ha pedido a los Grupos Parlamentarios que soliciten una comisión de investigación, tal y como ha adelantado que harán desde Vox, el diputado Sergio Rodríguez. Sin embargo, la diputada del PSIB Pilar Carbonero ha aconsejado a Far que "no haga política" con la petición de esta comisión porque "eso es nefasto".
Antes de solicitar la comisión de investigación, el presidente de la Oficina ha concluido que el informe de la Sindicatura no es un procedimiento administrativo sino de propuestas de mejoras, "que se han recogido y llevado a la práctica".
Asimismo, ha subrayado que no se ha podido constatar que la Oficina incumpla en los hechos ni el presidente con sus obligaciones. Far ha aseverado que, pese a las alegaciones planteadas por la Oficina a este informe, la Sindicatura "no ha cambiado nada".
"Se entiende que como son consejos de mejora no son recurribles, pero me debería dar una explicación de por qué no se aceptan las alegaciones", ha asegurado, para después concretar que "si fuesen recurribles ya estarían en el tribunal contencioso pertinente".
Igualmente, el presidente de la Oficina Anticorrupción ha desgranado varios informes de la Sindicatura sobre otras administraciones pertenecientes al Govern, los consells y ayuntamientos. En este sentido, ha considerado que la Sindicatura ha tenido "diferentes criterios de medición" entre estos organismos y la Oficina.
En todo momento, Far ha recalcado que "todas las incidencias" mostradas por la auditoría de la Sindicatura son formales, "en ningún momento son materiales". "Este informe me deja por tierra. Si lo que importa es el informe de la Sindicatura, me lo dicen y me voy", ha subrayado.
Tanto PP como VOX, a través de los diputados Maria Antonia García como Sergio Rodríguez, han recalcado que si alguna vez gobiernan, prescindirán de la Oficina Anticorrupción porque ya hay otros organismos que se solapan en los objetivos. Sin embargo, ambos han coincidido en que mientras exista, debe realizar su labor.
En la opinión contraria se han posicionado el resto de Grupos Parlamentarios. Así, el PSIB, a través de la diputada Pilar Carbonero, ha subrayado que los aspectos formales "son muy importantes" en la Administración. Por este motivo, ha rechazado minimizar el informe de la Sindicatura y ha pedido a Far que "haga caso a las recomendaciones" de los síndicos.
Por su parte, la diputada de Unidas Podemos Esperanza Sans se ha mostrado contraria con los términos "en los que se han escrito algunas de las alegaciones". "Nos preocupa que cuando redacte otros informes lo haga en estos términos porque no se consideran aprobados", ha considerado.
La portavoz de Ciudadanos en la Cámara balear, Patricia Guasp, ha defendido la "utilidad" de la Oficina Anticorrupción y ha afeado a PP y PSIB que la utilicen para hacer oposición: "Me parece lamentable". Además, ha indicado que, tal y como ha expuesto Far, otros organismos del Govern, como el IbSalut, "siempre reciben informes desfavorables de la Sindicatura de Cuentas y no se les pide explicaciones".
No obstante, Guasp ha comentado que este informe ha generado "desconfianza sobre su gestión". Algo que ha subrayado el portavoz de MÉS per Mallorca en el Parlament, Miquel Ensenyat, quien ha reconocido que, tras esas conclusiones, "debía venir y dar las explicaciones oportunas".
Además, Ensenyat le ha preguntado a Far cómo lo harán a partir de ahora, "si asumen estas recomendaciones de la Sindicatura o no", algo que también ha planteado la diputada de El Pi, Maria Antònia Sureda, quien ha recordado que su Grupo Parlamentario "ya consideró que el coste de la Oficina Anticorrupción era excesivo".
