Así lo ha anunciado la portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros celebrado este martes.
El Gobierno permitirá así la posibilidad de que las comunidades puedan incluir nuevos sectores especialmente afectados en sus territorios, como es el caso del calzado y del vino en algunas regiones, y permitirá que empresas "viables" que hayan registrado pérdidas en 2019 debido a "circunstancias excepcionales" puedan acceder a dichas ayudas.
Como ejemplo de circunstancia excepcional, la ministra señaló el impacto de la quiebra de Thomas Cook en las empresas turísticas y particularmente en Canarias y Baleares. "Esta mejora es muy importante para los operadores turísticos de las islas que se van a poder beneficiar de las ayudas directas", aseguró.
La modificación incluida permitirá a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla que, dentro de la asignación establecida para cada una de ellas, puedan incluir como beneficiarios de estas ayudas a otros sectores, adicionales a los 95 recogidos en el Anexo I del citado Real Decreto-ley, que se hayan visto particularmente afectados por la pandemia.
Esos 95 sectores se establecieron aplicando "criterios objetivos", según ha recalcado Montero, basados en el efecto de la pandemia en el empleo de cada sector.
En concreto, en el momento de aprobación del Real Decreto-ley, en esos sectores el 10% de sus trabajadores estaban protegidos por un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) y, además, no habían vuelto a la actividad al menos un 75% de los trabajadores que llegaron a este en ERTE en el peor momento de la pandemia, en abril de 2020.
El Ministerio de Hacienda remitió el pasado viernes a las comunidades autónomas los convenios que regulan la colaboración para poner en marcha los 7.000 millones de ayudas directas que el Ejecutivo aprobó para los autónomos y las empresas afectadas por la pandemia del coronavirus, y les pidió que tramitaran la firma de dichos convenios con carácter de urgencia.
Según ha avanzado la titular de Hacienda, esta misma mañana las comunidades autónomas de Extremadura y Castilla-La Mancha ya han devuelto los convenios firmados y por tanto, una vez rubricados por Montero, se remitirán al Boletín Oficial del Estado (BOE) para su publicación de manera que puedan recibir el dinero de manera "inmediata" y sacar sus convocatorias para repartir las ayudas entre las empresas.
La ministra espera que a lo largo de estos días su Departamento siga recibiendo los convenios firmados y no ve "previsible" que alguna comunidad lo deje sin suscribir, advirtiendo que si finalmente sucede este supuesto, el Gobierno lo estudiará y adoptará medidas para "no dejar a ninguna empresa en la cuneta".
"Me parecería algo escandaloso que alguna comunidad autónoma, por simple desavenencia con el texto legal, hurtara la capacidad de que empresas de su entorno pudieran quedarse sin recibir esas ayudas", ha señalado la ministra.
Según se establece en el decreto, Hacienda transferirá los recursos que corresponden a cada autonomía en un plazo máximo de diez días desde la firma del convenio, salvo que las comunidades soliciten que el libramiento se haga en un momento posterior.
No obstante, el Ministerio de María Jesús Montero pide a los gobiernos autonómicos que inicien a la mayor brevedad los trámites necesarios para proceder a la firma y, además, les invita a valorar la posibilidad de tramitar esa rúbrica con carácter de urgencia.
Esta línea, dotada con 7.000 millones de euros, canaliza ayudas directas a través de las Comunidades Autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla a autónomos y empresas de los sectores más afectados por la pandemia, cuyos ingresos hayan caído al menos un 30% con respecto a 2019 y están condicionadas al mantenimiento de la actividad hasta el 30 de junio de 2022.
Estas ayudas tienen carácter finalista y se pueden emplear para el pago de deudas contraídas por las empresas desde marzo de 2020, como pagos a proveedores, suministros, salarios, arrendamientos o reducción de la deuda financiera.
Los autónomos que tributan por estimación objetiva podrán recibir hasta un máximo de 3.000 euros, y el resto de autónomos y empresas entre 4.000 y 200.000 euros.
Además, el Gobierno también incluye en este nuevo real decreto una medida para garantizar liquidez de las empresas y agilizar los aplazamientos y fraccionamientos de las deudas no tributarias ni aduaneras que se tramitan en las delegaciones de Economía y de Hacienda.
Es decir, la medida va a afectar a deudas que se derivan del reintegro o del reesembolso de ayudas o de préstamos que se conceden por la Administración General del Estado (AGE) y se distribuyen desde el ámbito territorial en las delegaciones correspondientes.
También afectará a deudas cuya gestión recaudatoria corresponda a las delegaciones de Economía y Hacienda o a aquellas que se encuentran en periodo voluntario de pago o que se aplazan o se fraccionan previamente.
Para este tipo de deudas, se ha habilitado a las Delegaciones de Economía y Hacienda a conceder un periodo de carencia de hasta dos años para el pago de obligaciones no tributarias y un fraccionamiento posterior de la deuda de hasta dos años.
