"De momento no tenemos información, no hemos cruzado datos y no sabemos más de lo que ha salido en los medios de comunicación", ha indicado Far en declaraciones a los medios en el Parlament balear.
El Govern no ha entregado aún el listado de cargos públicos que ha solicitado la Oficina para investigar si se ha cumplido con el orden fijado en el protocolo de vacunación. El Ejecutivo autonómico tiene de plazo hasta el próximo 27 de abril para hacerlo.
La Oficina Anticorrupción pide una lista de unas 1.600 personas que incluye a la presidenta del Govern, consellers, directores generales, personal eventual, diputados del Parlament, cargos electos, y altos cargos de ayuntamientos. Asimismo, solicita los protocolos de vacunación que se han seguido, para saber qué criterios se utilizaron para la campaña, dado que no hay una norma escrita en este sentido.
Respecto a la presidenta del Govern, Francina Armengol, el director de la Oficina ha indicado que forma parte de los 1.600 cargos públicos que se reclaman en el listado: "No es que dirijamos la investigación hacia ella".
Far ha destacado que la Oficina no ha recibido ninguna denuncia anónima sobre supuestas vacunaciones irregulares en cargos públicos y que sólo se han recibido dos denuncias: una del PP y otra de varios grupos políticos de un ayuntamiento.
"No es un delito típico de corrupción de los que se han producido tradicionalmente, estaría más vinculado al tema de la ética y la responsabilidad que tienen los cargos públicos a la hora de cumplir las normas que ellos mismos han dado", ha expresado Far, quien ha añadido que se trata de un tema que afectaría a la normativa prevista en la Ley de Transparencia y el Estatuto de Empleado público.
En este sentido, ha hecho referencia al Observatorio Ciudadano contra la Corrupción, constituido este viernes en el Parlament, que pretende impulsar "la difusión de que la integridad nos incube a todos los ciudadanos".
Preguntado por si se ha vacunado ya, el director de la Oficina ha explicado que no y ha añadido que él sí que entra en el listado de estos 1.600 cargos públicos que el Govern debe entregar.
Far ha apuntado que si el Govern no entregase esta información requerida sin ningún argumento jurídico, esto sería una infracción grave o muy grave que podría conllevar una multa económica de unos 1.000 a 10.000 euros, en el caso de una infracción grave, y de 10.000 a 100.000 euros, en el caso de una grave.
Sobre el hecho de que el Govern no entregase el listado de toda la población vacunada que solicitó en un primer momento la Oficina, Far ha resaltado que entiende que la Abogacía de la Comunidad Autónoma "tenía parte de razón" cuando presentó el recurso. "No lo entendemos como un rechazo de cara a la Oficina", ha añadido.
