Da igual donde estés, siempre habrá un señoro que diga saber más que tú.
Señoros que gracias al inestimable valor que aporta la experiencia y la edad nos han llevado una y otra vez al desastre social y económico. Benditos sean. #SpainIsAFascistState pic.twitter.com/tkzA8aSdBY
— Gloria Santiago (@gloriasantiagoc) December 17, 2020
El hashtag, escrito en inglés, en el que afirma que España es un estado fascista hizo que este martes, el Parlament, a puerta cerrada, debatiera si Santiago debía ser reporbada o no de su cargo por tal afirmación.
El tuit de la discordia no lo es tanto por su contenido sino por todo aquello que ha puesto, una vez más, de manifiesto. La dura maquinaria institucional que autoprotege a la clase política. Mecanismos de autodefensa amparados en reglamentos tan anacrónicos como el aforamiento de los diputados.
Ayer, comisión del estatuto de los diputados y diputadas para debatir la proposición no de ley presentada por el grupo parlamentario VOX Actúa Baleares para la reprobación de la vicepresidenta de la Cámara. Una iniciativa que no prosperó y que solo fue reforzada por el Partido Popular y VOX. Pero no lo sabemos porque pudiéramos acceder e informar, sino todo lo contrario.
La comisión era secreta y demás, con advertencia de los letrados incluida. Una advertencia de que no se podía comentar nada de la formación fuera de las cuatro paredes de la Sala Verde del Parlament donde se celebró.
Un hecho permitido por el reglamento del mismo Parlament que hace que el tema quede enterrado, no llegue a pleno y, además, se minimice el impacto informativo. Una falta de transparencia flagrante, consentida por aquellas formaciones que presumen de todo lo contrario, para hacer de cortafuegos de sus miserias.
Que la mayoría de formaciones políticas, todas menos PP y VOX, considerasen ayer el hecho de que la vicepresidenta del Parlament utilice el hashtag "España es un estado fascista", forma parte de su libertad de expresión, es lo que menos importancia tiene, cuando lo que queda totalmente de manifiesto son las trabas legales de la institución que impiden el derecho a la información.
