Asociaciones de funcionarios de prisiones se dirigieron a esta comisión parlamentaria para denunciar que cobran sustancialmente menos que sus compañeros de Cataluña a pesar de realizar un trabajo equivalente, algo que no tiene justificación en el hecho de que esta comunidad autónoma tenga transferida la competencia de la gestión de los centros penitenciarios.
Tras escuchar sus argumentos, y también la posición de la Comisión Europea y de todos los grupos políticos de la cámara, la presidenta de la Comisión de Peticiones, Dolors Montserrat, ha concluido que había un consenso para tomar medidas sobre este asunto, por lo que, ha explicado, se enviará “un requerimiento al gobierno de España para que equipare los salarios y acabe con esta desigualdad entre trabajadores que realizan el mismo trabajo dentro del territorio nacional español”.
También se trasladará este asunto a la Comisión de Empleo del Parlamento Europeo, para que pueda intervenir al respecto teniendo en cuenta que la Comisión Europea tiene previsto reformar la Directiva comunitaria de lucha contra la discriminación, que data de 2008.
En nombre del PP, la eurodiputada Rosa Estaràs ha defendido durante la reunión de hoy la necesidad de que la UE intervenga en este asunto porque “existe una discriminación real” y los funcionarios de prisiones que no trabajan en Catalunya, “además de desempeñar una tarea de especial riesgo y de hacerlo también con especial dedicación, cobran mucho menos, entre un 25 y un 40% menos, que sus homólogos que están en Catalunya”.
“Hay una discriminación clarísima puesto que realizan un trabajo de igual valor”, ha resumido la eurodiputada popular.
“Si esta transferencia de competencias a Catalunya supone una brecha salarial y una discriminación, o no tiene sentido la transferencia o no lo tiene la discriminación”, ha dicho también Estaràs, que ha recordado que el Ministerio de Interior sí ha equiparado el sueldo de la Guardia Civil y de la Policía nacional con el de los Mossos d´Esquadra, una medida que no se ha tomado respecto a los funcionarios de prisiones.
Rosa Estaràs también ha pedido que la UE haga una “interpretación extensiva” de los derechos humanos para que nadie se sienta discriminado, y que se considere como un factor de discriminación también situaciones como las debatidas hoy, y no solo la discriminación por razón de género, nacionalidad, orientación sexual o religión.
