"El Govern tendrá que acudir a los Tribunales para poder mantener vigentes la gran mayoría de las restricciones después del 9 de mayo", ha asegurado Mulet, quien recuerda que "hasta ahora el estado de alarma permitía limitar sin dar más explicaciones derechos fundamentales como el de circulación o de reunión".
Algo que cambiará radicalmente, ya que "el Govern tendrá que justificar muy bien, con criterios meramente científicos y no políticos, aquellas restricciones que afecten a nuestros derechos constitucionales.
Así, la limitación del número de personas en las reuniones, el toque de queda o los cierres perimetrales pasarán a la historia si no cuentan con la aprobación de un Tribunal. "La única cuestión sobre la que tiene competencia el Govern es sobre el horario comercial, por lo que sí podrá seguir decidiendo la hora a la que tienen que cerrar los bares y restaurantes. El hecho de que no permita clientes en el interior será lo que tendrá que justificar, como ya hemos explicado antes, en los Tribunales", ha señalado Mulet.
Un Mulet que considera que a partir del 9 de mayo "todos los sectores que se vean afectados por las restricciones que quiera imponer la Comunidad Autónoma presentarán recursos que serán tenidos en cuenta. Ahí se abre otro problema, que es la lentitud. Los Tribunales están colapsados. Nadie ha querido invertir un euro en la Justicia".
Así pues, el abogado señala que "aplicación de las restricciones ya no se podrá argumentar en base al único criterio de un supuesto comité de expertos, sino que tendrá que pasar por los Tribunales, quienes atenderán los argumentos de todas las partes y exigirán explicaciones muy bien argumentadas y con base científica para restringir según qué derechos fundamentales".
Con el nuevo escenario, Mulet considera que "será muy difícil de explicar que siendo Balears una de las comunidades que mejores datos presenta sanitariamente, sea también de las regiones con las restricciones más importantes de toda España".
