Así lo ha afirmado durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en la que ha explicado los hitos de la vacuna en España en los próximos meses, en los que espera que el ritmo de vacunación lleva a España a tener vacunada al 70 por ciento de la población a final de agosto.
Pedro Sánchez ha querido dejar claro que el objetivo del Gobierno es que una vez vencido el plazo del 9 de mayo "no sea necesario prorrogar más el estado de alarma". "Lo que queremos es que el 9 de mayo sea el punto y final al estado de alarma, este es nuestro objetivo, nuestro propósito y para eso trabajamos", ha apostillado.
El jefe del Ejecutivo ha querido poner en valor la cogobernanza y el sistema de codecisón que se ha estructurado en el Consejo de Política Interterritorial y que, según el jefe del Ejecutivo, supone el "corazón de la respuesta" a la pandemia de coronavirus desde la segunda ola, en particular en la tercera y, según ha dicho, "se verá en la cuarta ola si finalmente se produce".
En su opinión, esa cogobernanza es el reconocimiento expreso del título octavo de la Constitución, de cuáles son las competencias que tienen todas y cada una de las comunidades autónomas en materia sanitaria, pero también en Educación, en Dependencia y residencias de mayores y en el despliegue de vacunación.
Por lo tanto, una vez que decaiga el estado de alarma, Sánchez considera que el Consejo Interterritorial debe ser quien decida a través de ese mecanismo de cogobernanza, donde están representados el Ministerio de Sanidad y también los consejeros de las CCAA. Su previsión es que sea este organismo quien pueda seguir respondiendo a cualquier tipo de rebrote que haya en España, así como al proceso de vacunación que se está llevando a cabo.
Al ser preguntado si el Consejo Interterritorial podría tomar medidas que restrinjan la movilidad en caso de que sea necesario, Pedro Sánchez no ha sido claro. Ha admitido que el estado de alarma plantea dos instrumentos fundamentales como son los cierres perimetrales en las CCAA y las provincias, los confinamientos totales o la restricción de movilidad nocturna, lo que se ha "mal llamado", según el presidente, el "toque de queda".
Pero se ha mostrado confiando en que la realidad epidemiológica y el proceso de vacunación --con 33 millones de personas vacunadas a finales de agosto-- den los instrumentos y las herramientas suficientes a ese Consejo de Política Interterritorial en el ámbito de la sanidad para seguir respondiendo con eficacia a la pandemia.
No obstante, ha defendido que las medidas que adopte este Consejo serán de obligado cumplimiento y ha recordado que así lo han decidido los tribunales cuando algunos grupos han presentado recurso contra sus decisiones. Y lo han manifestado, ha dicho "a través de cautelares y cautelarísimas"
"La propia judicatura nos está dando una respuesta de que el Consejo Interterritorial, en todos los acuerdos que se enmarquen en él, puede contar con la validación de la Justicia", ha recalcado.
El próximo 9 de mayo decaerá el último decreto de estado de alarma emitido por el Gobierno, para entonces, España habrá vivido casi 10 meses bajo esta situación después de que se decretara el confinamiento el 14 de marzo de 2020.
A ese primer decreto de alarma que estableció el confinamiento para todas las personas que no trabajaran en actividades esenciales le siguieron 6 prórrogas, una cada quince días: 27 de marzo, 10 de abril, 24 de abril, 8 de mayo y 5 de junio. Y cada una de ellas salió adelante en el Parlamento con menor apoyo que la anterior. Vox solo apoyó la primera prórroga y el PP votó en contra en las dos últimas. Y la del 5 de junio salió adelante gracias a la abstención de ERC.
El 21 de junio de 2020 finalizaba la última prórroga, pero unos días antes, el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, afirmaba que se había vencido al virus. Una declaración triunfalista que pronto se vio desmentida por la propia realidad con la que han tenido que lididar las comunidades autónomas en primera persona, ya que desde que decayó la última prórroga del decreto los gobiernos regionales se quedaron al mando de la situación en cada territorio.
Pero la controversia entre las medidas que adoptaban las CCAA y los recursos que comenzaron a producirse ante los tribunales obligó de nuevo al Gobierno a aprobar un decreto de alarma que diera cobertura a las medidas autonómicas. El 9 de octubre lo hizo para la Comunidad de Madrid y el 25 de ese mismo mes, para todas las comunidades autónomas. Se prorrogó el 3 de noviembre por 6 meses y estará en vigor hasta el 9 de mayo de este año.
