El reparto entre las Comunidades Autónomas de los 7.000 millones de euros con que está dotada la Linea Covid de ayudas directas a autónomos y empresas deja a Canarias como la principal receptora de estas ayudas, con 1.144,3 millones de euros, seguida de cerca por Andalucía, con 1.109,2 millones, y Cataluña, con 993,2 millones, lo que supone que estas tres autonomías recibirán el 46,38% de estas ayudas.
Así se ha publicado esta mañana en el Boletín Oficial del Estado (BOE) a través de una orden ministerial que explica los criterios de este reparto y detalla que se ha hecho a través de un primer compartimento, dotado de 5.000 millones de euros, en el que se encuentran todas las autonomías salvo Canarias y Baleares, y un segundo compartimento, con 2.000 millones, en el que se encuentran los archipiélagos.
De este modo, Canarias, Andalucía y Cataluña son las principales receptoras, seguidas por Baleares (855.737,92); Comunidad de Madrid (679.287,79); Comunidad Valenciana (647.081,98); Galicia (234.470,88); Castilla y León (233.560,23); País Vasco (217.997,30); Castilla-La Mancha (206.342,55); Murcia (142.522,91) Aragón (141.348,90); Asturias (107.765,40); Extremadura (106.466,13); Navarra (67.620,09); Cantabria (55.363,82); La Rioja (32.511,75); Ceuta (13.852,52) y Melilla (12.271).
Las ayudas destinadas a la Comunidad de Madrid han suscitado varias polémicas en estos días después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asegurara en la presentación de campaña del candidato socialista, Ángel Gabilondo, para las elecciones del 4 de mayo que con el adelanto electoral la región madrileña dejaría de recibir estos 600 millones de euros, algo que la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, desmintió y criticó la intervención del jefe del Ejecutivo.
En mitad de este clima, se han producido también varios reproches entre miembros del Ejecutivo central y el madrileño a cuenta de este adelanto electoral y la recepción de estas ayudas directas que aprobó el Gobierno hace unas semanas en un consejo de ministros extraordinario.
Desde el Govern balear han valorado la cantidad que finalmente recibirá la comunidad de este fondo estatal. Según fuentes del Ejecutivo autonómico en declaraciones a Europa Press, esta cantidad es más de lo que le hubiera tocado a Baleares si se hubieran determinado otros criterios económicos.
Así, han resaltado que el hecho de que Baleares haya sido una de las economías que más ha sufrido por la pandemia de la COVID-19 ha permitido que llegue esta cantidad de dinero.
Tras conocer la cantidad de ayudas que recibirá el archipiélago, el Govern también ha destacado el trabajo y las negociaciones en Madrid de la líder del Ejecutivo balear, Francina Armengol, y el conseller de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, Iago Negueruela.
De acuerdo con el Govern, Baleares consigue en total 1.017 millones para ayudar las empresas de las Islas a afrontar los efectos de la COVID en el reparto final del Estado. Este cómputo final surge de calcular los más de 855 millones de ayudas directas sumados a los fondos ICO y COFIDES, que según una distribución territorial corresponden alrededor de 162 millones para las Islas.
Desde el Govern han considerado que el Ejecutivo central ha tenido en cuenta la afiliación a la Seguridad Social y el número de trabajadores en ERTE en la hora de distribuir los fondos. En este sentido, han apuntado que esta es "la mejor distribución posible para el archipiélago" y que los criterios establecidos por el Gobierno han permitido situar a Baleares como "comunidad proporcionalmente al peso poblacional más beneficiada de las ayudas".
"Esta cantidad se ajusta mucho a los 900 millones de ayudas directas calculadas inicialmente, y en todo caso, el criterio de distribución pactado con el Gobierno central es el que más aportación ha supuesto para las Islas, puesto que es la comunidad cuya economía más ha sufrido los efectos de la pandemia en términos de PIB, turísticos y laborales", han indicado desde el Ejecutivo balear.
Además, el Govern ha recordado que el RD-L 5/2021 establece que el reparto de los 2.000 millones entre las comunidades de Baleares y Canarias se fundamentará en la caída de la afiliación limpia de ERTE. "En este sentido, hay que tener en cuenta que el grado de trabajadores turísticos vía ERTE fue superior en Canarias que en Baleares, incluso teniendo en cuenta la inclusión de los trabajadores fijos discontinuos en Baleares", han concluido.
Con todo, el Ministerio de Hacienda ha explicado los criterios de reparto que se han dado para ambos compartimentos y defiende que son los mismos indicadores y con la misma ponderación que tienen en la asignación del fondo REACT EU.
Así, para el primer compartimento se específica que dos terceras partes de su importe se distribuyen según el peso relativo del indicador de renta de cada Comunidad Autónoma y Ciudad, que mide la caída del PIB en 2020 moderado en función de la prosperidad relativa de cada una de ellas.
El indicador de renta de cada autonomía es la cifra resultante de dividir el peso relativo de cada entidad territorial en la caída del PIB de 2020 en relación con 2019 entre su respectiva prosperidad relativa, medida a través de su renta per cápita respecto de la renta per cápita nacional.
Dos novenas partes del importe se distribuyen según el indicador de empleo, que considera la media ponderada entre el peso de la autonomía en el total de parados registrados en enero de 2020 y su contribución al incremento del paro registrado nacional desde el 31 de enero y hasta final de ese ejercicio.
Una novena parte de su importe se distribuye conforme al indicador de desempleo juvenil (16-25 años) que, análogamente al criterio anterior, considera la media ponderada entre el peso de la autonomía en el total de jóvenes parados registrados en enero de 2020 y su aportación al incremento del paro juvenil registrado a lo largo del año pasado en todo el país.
En cuanto al segundo compartimento de 2.000 millones de euros, su reparto se realizará de forma proporcional a su peso relativo en la caída en 2020 de los afiliados a la Seguridad Social en términos netos. Este indicador se medirá con la reducción del número medio anual de afiliados en alta entre 2019 y 2020, descontando el efecto del número de trabajadores en ERTE medios en 2020.
El Ministerio de Hacienda efectuará la transferencia de estos recursos a las autonomías en los diez días siguientes en que adquiera eficacia el convenio que se celebre con cada uno de estos territorios. Aunque los entes territoriales también podrán solicitar que la liberación de estos fondos pueda realizarse con posterioridad.
