Con estos datos, la entidad ha mostrado su "profunda preocupación" por la actividad del sector, remarcando que ha perdido prácticamente una cuarta parte de la inversión total.
La presidenta de la Asociación de Constructores de Balears, Fanny Alba, ha remarcado que "pese a la acusada caída de la inversión registrada en 2020, año marcado por la crisis provocada por la pandemia del coronavirus, las empresas del sector de la construcción han defendido el empleo".
"Aun habiendo perdido la cuarta parte de la inversión, la cifra total de ocupación en el sector de la construcción solo ha descendido un 1,9%", ha incidido. El sector emplea a 53.357 personas en Baleares.
La inversión privada retrocedió un 14,6% respecto a 2019, y se situó en 1.289 millones, un descenso que, según la presidenta de la Asociación de Constructores de Balears, Fanny Alba, "ha arrastrado a la baja a todos los indicadores".
El retroceso de la inversión privada se refleja en una merma de la inversión en vivienda del 8,5% (1.068 millones de euros en 2020), "un preocupante retroceso" del 43,7% en proyectos vinculados al sector turístico (125,7 millones), así como una bajada del 20% en el gasto relacionado con el comercio y la industria (95,6 millones).
Alba también ha calificado de "alarmante" el recorte en edificación pública, del 53,5% (247,7 millones) y en obra civil pública, de un 3,5% (176,4 millones).
Con todo, los constructores han señalado como "buena noticia" el aumento en inversión pública hecho por la administración autonómica, que creció un 68%, hasta 138,6 millones en 2020, así como el incremento del 53% de la inversión de las administraciones locales de las islas, que ha conllevado 207,1 millones de euros en 2020.
Por el contrario, los constructores de Balears califican como "pésimo" el dato de inversión pública estatal "que en 2020 se ha minimizado a 78,4 millones de euros cuando el año anterior fue de 497,8 millones", un desplome del 85%.
Esta "extraordinaria" contracción de la inversión pública estatal "ha lastrado significativamente los resultados de la construcción en Balears, un sector que requiere continuidad y estabilidad para garantizar la actividad y el empleo", ha lamentado Fanny Alba.
Por su parte, la inversión en vivienda ha sufrido una bajada del 8,5%, cayendo a 1.068 millones en 2020. Los visados de viviendas de protección oficial (VPO) de inversión privada se redujeron a la mitad (-47,1%), a solo 101 unidades en 2020. La cifra de vivienda libre también descendió con 3.483 edificadas el pasado año (-4,3%), y también cayó, un 7,8%, el número de viviendas de nueva planta, con 3.186.
Sí se incrementaron las reformas en viviendas, un 11,5%, con 398 en 2020. También se ha reducido el tamaño de las obras realizadas, registrando un descenso del -10% de superficie en el total de proyectos ejecutados en 2020 respecto al año anterior.
Además las obras "son más pequeñas y de menor presupuesto". En este sentido, ha remarcado que "el promedio de inversión por vivienda en 2020 ha bajado a 298.000 euros respecto a los 304.500 de 2019".
"El análisis de este dato tiene más relevancia teniendo en cuenta que la inversión media por vivienda en 2020 es la más baja registrada en Balears desde el año 2011", ha matizado.
Además, Alba ha alertado de que "Balears sigue sin dar una solución al mercado de Vivienda de Protección Oficial", ya que "la promoción de vivienda pública no cubre las necesidades sociales de Balears y es preciso favorecer la promoción privada, impedida por el elevado precio del suelo y la falta de ayudas".
En cambio, la inversión en VPO pública ha aumentado considerablemente en los últimos años, y casi duplica la dotación presupuestaria en 2020 respecto a 2019. Sin embargo, los constructores subrayan que este estímulo "queda lejos de alcanzar a cubrir las cerca de 4.000 solicitudes de vivienda que acumula en su lista de espera el Ibavi".
En cuanto al futuro, Alba ha incidido en que aunque la construcción es "el sector llamado a impulsar la economía de las Islas de forma inmediata", necesita "más voluntad política y menos trabas administrativas, porque la actividad ya muestra una evidente tendencia a la baja".
"Siguen pendientes grandes problemas como el retraso desmesurado en la tramitación de licencias y proyectos y la gran inseguridad jurídica, provocada por constantes cambios normativos y restrictivos que lastran la actividad y ahuyentan la inversión", ha denunciado.
"Solo tramitar las licencias que están frenadas en los ayuntamientos o pendientes de informes sectoriales generaría una gran actividad para la construcción de forma inmediata", advierte Alba, que también ha criticado que "la desclasificación de suelo urbanizable impuesta por el decreto 9/2020 ha recortado el suelo disponible, empeorando el problema".
Los constructores han alertado, asimismo, de que al déficit actual de 15.000 viviendas hay que añadir la previsión de incremento poblacional para los próximos 20 años.
