Un tema que está pasando desapercibido a nivel nacional y que desde ASIMA “queremos alertar de la amenaza que supone para los jóvenes no concluir su formación profesional si no realizan sus prácticas en las empresas”, destaca el director general de ASIMA, Alejandro Saénz de San Pedro.
Problemática que ya se ha trasladado a la presidenta del Govern balear, Francina Armengol y a la CEOE en Madrid. Así como a diputados de diferentes partidos políticos en el Congreso de los Diputados.
El director general de ASIMA, acompañado de los coordinadores de la Escuela Superior HOTECMA, Ana Reguera y Sergio Campoy, centro gestionado por la Fundación ASIMA han estado con Marta Martín de Ciudadanos; Óscar Clavell y Diego Movellán del Partido Popular; Georgina Trías de VOX y la última reunión mantenida este jueves en el Congreso de los Diputados, con las diputadas de Unidas Podemos por Balears, Antonia Jover y Lucía Muñoz.
En los próximos días se reunirán con representantes del PNV y de los sindicatos más representativos a nivel nacional.
Según ha recordado Alejandro Sáenz de San Pedro, Balears está apostando por iniciativas como la Formación Profesional Dual, una fórmula mixta de empleo y formación que tiene por objeto la cualificación profesional de los estudiantes y, en medio de la actual crisis derivada de la pandemia, puede contribuir a poner en valor las cualificaciones profesionales de los certificados de profesionalidad.
En este sentido, el director general de ASIMA señala que “el planteamiento definido desde Balears es el acertado, impulsando la formación y la reactivación de los sectores productivos más afectados por la pandemia a través de diferentes proyectos de FP Dual, pero cuando entramos en materia, en las cuestiones prácticas vinculadas a la gestión e implementación de los proyectos, nos encontramos con que debido a la pandemia la mayor parte de las empresas que colaboran en estos proyectos, tanto en Balears como a nivel nacional, se encuentran actualmente con parte de su plantilla en situación de ERTE, lo que les genera una gran inseguridad jurídica a la hora de tomar la decisión de formalizar los contratos de formación y aprendizaje que requieren dichos proyectos. Situación que dificulta considerablemente su puesta en marcha”.
Desde la Asociación de Industriales de Mallorca, “hemos trasladado a la Administración autonómica esta problemática para poder contar con su apoyo y conseguir resolver esta cuestión, ya que entendemos que dicho organismo debería ser el primer interesado en encontrar las fórmulas adecuadas que posibiliten el desarrollo de estos proyectos con la seguridad jurídica necesaria. Pero no hemos tenido una respuesta favorable, ya que nos indican que las cuestiones vinculadas a los ERTE’s se definen en el ámbito nacional y no dependen directamente de ellos, indicándonos que lo han trasladado a los organismos estatales correspondientes del Gobierno de España”, apostilla el director de ASIMA.
La intención de ASIMA es poder agilizar lo máximo posible la puesta en marcha de estos proyectos con la finalidad de apoyar la reactivación económica y la mejora de las posibilidades de futuro profesional de los jóvenes a través de su cualificación. Con este fin, paralelamente a los pasos de la Administración “queremos trasladar a quien corresponda en el ámbito nacional esta problemática, de forma que se logre flexibilizar la normativa que permita la seguridad jurídica que solicitan las empresas colaboradoras”.
Se trata de convocatorias de formación, dentro de programas de empleo, subvencionados “y sin obligación de contratación una vez finalizados los proyectos. Por tanto, estos contratos de formación y aprendizaje ligados a la FP Dual no suponen ampliación de plantilla, ya que su objetivo es la obtención de Certificados de Profesionalidad”, recuerda Sáenz de San Pedro.
