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OPINIÓN/ La cuarta ola no era ni médica ni sanitaria; era política, vieja y sucia política

La constitución española prevé, en su artículo 113, la moción de censura como herramienta política para retirar la confianza al presidente del gobierno o al de una Comunidad Autónoma y es el reglamento del congreso el que regula el procedimiento y los procesos para su debate y votación.

Un tránsfuga es una denominación atribuida en la política a aquellos representantes que, traicionando a sus compañeros de lista o de grupo —manteniendo estos últimos su lealtad con la formación política que los presentó en las correspondientes elecciones—, o apartándose individualmente o en grupo del criterio fijado por los órganos competentes de las formaciones políticas que los han presentado, o habiendo sido expulsados de estas, pactan con otras fuerzas para cambiar o mantener la mayoría gobernante, o para dar la mayoría a un grupo que no la tiene, o bien dificultan o hacen imposible a dicha mayoría el gobierno de la entidad.

En el año 1998 se firmó el conocido como “pacto antitransfuguismo”, en el que 12 partidos, encabezados por PP y PSOE, firmaron un acuerdo por el que se comprometían a no acoger en sus filas a tránsfugas, pero, inicialmente, este pacto solo se aplica en Ayuntamientos y Diputaciones Provinciales y no lo era para el congreso o las CCAA, y no ha sido hasta el año pasado que los integrantes del pacto han manifestado su voluntad de incluirlos en el pacto.

Dicho lo anterior entiendo que, nos pueda gustar más o menos, la moción de censura es una herramienta totalmente legal -de hecho hasta la última que llevo a Sánchez a la presidencia del gobierno, se han presentado 5 mociones de censura, de las que tan solo una ha prosperado- recogida en la constitución y cuyo fin es la de sustituir al presidente como consecuencia de su perdida de confianza, pero se trata de una herramienta de carácter continuista puesto que no prevé las elecciones para nombrar a un sustituto. Que claro también que el transfuguismo es una “traición” hacía unos compañeros de partido con el único fin de mantenerse y mantener un gobierno que, presuntamente ha perdido la confianza del parlamento, y por lo tanto de dudosa consistencia.

Partiendo de estas premisas podríamos llegar a la conclusión que lo que ha pasado en Murcia puede ser legal, pero, sin ninguna duda, totalmente inmoral.

La hoy vicepresidenta del gobierno murciano firmó, en la madrugada del martes 9 al miércoles 10, junto a otros cuatro diputados de Ciudadanos -sus compañeros- y a los diputados del Psoe una moción de censura para someter al presidente murciano a la confianza de la camara y, de no pasar el trago, ser sustituido.

Pero como dice el refrán “duró poco la alegría en la casa del pobre” y la vicepresidenta -de apellido Franco- se desdijo de lo dicho, o más bien de lo firmado, y llego a un pacto con el PP por el que ella se mantenía en su cargo y, además, premiaban a otros dos tránsfugas con cargos en el gobierno. Blanco y en botella.

Hay que ser muy mal pensado para creer que los tres tránsfugas se han vendido por un cargo y un buen sueldo, aunque razones para pensarlo sobran.

Cuando nos decían que llegaba la cuarta ola, sin lugar a duda, no se referían a la ya agotada tercera ola del coronavirus, no, se estaban refiriendo a este sucio tsunami que una vez más empaña la política y a los políticos de nuestro País. Muchos políticos se quejan de la desafección de los ciudadanos respecto de los que nos gobiernan, pero visto lo que estamos viendo, lo que es de extrañar es que todavía quede alguno que los crea porque, sin miedo a equivocarme, diría que son los mismos perros con diferentes collares. No todos, claro está, pero si la gran mayoría.

¡¡¡Que Dios y Ayuso nos ayuden!!!

Actualizado: 14 de marzo de 2022 , ,

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