Así lo ha trasladado la vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, al término de la reunión extraordinaria del Consejo de Ministros, quien ha precisado que estos 7.000 millones se podrán destinar al pago de gastos fijos, deudas de proveedores y al pago a otros acreedores financieros y no financieros, para evitar que el sobreendeudamiento empresarial lastre la recuperación.
De este importe total, 2.000 millones se destinarán exclusivamente a Canarias y Balears, por ser las más golpeadas por la pandemia, y el resto, 5.000 millones, irán a las demás comunidades y ciudades autónomas.
En concreto, el primer fondo de 7.000 millones, que gestionarán las comunidades autónomas, son ayudas directas no reembolsables de carácter finalista, que se podrán destinar al pago de deuda contraída desde marzo de 2020, tanto la relacionada con proveedores, como al pago de gastos fijos, suministros, salarios, arrendamientos o reducción de la deuda financiera o no financiera, siempre que la caída de la facturación sea al menos un 30% respecto a la de 2019.
Será la Agencia Tributaria la entidad encargada de proporcionar la información a las comunidades para saber si la empresa solicitante cumple con los requisitos para acceder a las ayudas y se pondrá a disposición de las comunidades autónomas una plataforma para dicho fin, según ha explicado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
A las medidas, aclaró Calviño, podrán acogerse pymes y autónomos de 100 actividades económicas diferentes, como las actividades de la industria manufacturera relacionadas con el comercio y la hostelería; comercio al por mayor y minorista; sectores auxiliares al transporte; mantenimiento aeronáutico, y actividades relacionas con la cultura y las actividades deportivas.
Estas ayudas podrán compensar, como máximo, el 40% de la caída adicional de ingresos en el caso de micropymes y autónomos (hasta 10 empleados), y hasta un 20% para el resto de empresas.
En concreto, los autónomos que tributan en módulos recibirán hasta 3.000 euros y entre 4.000 y 200.000 euros el resto de autónomos y empresas, importes que podrán elevarse tanto en Canarias y Baleares, siempre dentro de los límites de ayudas de Estado fijados por Bruselas.
La recepción de todas estas ayudas estará condicionada a que las empresas receptoras mantengan su actividad hasta junio de 2022, no tengan su domicilio en un paraíso fiscal, no estén en concurso ni hayan cesado la actividad en el momento de la solicitud, se hallen al corriente de pagos de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social y no repartan dividendo ni aumenten los salarios de su equipo directivo durante un periodo de dos años.
Según ha explicado la portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, las comunidades autónomas recibirán la transferencia de estos fondos en un plazo máximo de un mes y diez días, previa firma de convenio, aunque está pendiente de publicación la orden que estipula el monto que le corresponderá a cada una de las regiones y que se aprobará en los próximos días.
La asignación de los fondos se realizará siguiendo los mismos criterios que los utilizados para el fondo 'React EU', que se basan en el impacto de la pandemia en la riqueza de la comunidad, el impacto de la crisis en el desempleo y el impacto en el desempleo juvenil, todo ello rigiéndose por los datos actualizados a diciembre de 2020.
Este segundo eje de actuación incluye un conjunto de medidas de apoyo y flexibilización de los préstamos que cuenten con aval público, permitiendo así que el ICO se incorpore a los procesos de refinanciación y reestructuración que pacten los bancos y sus clientes, protegiendo también la estabilidad financiera. Este eje se ve apoyado mediante la creación de una nueva línea para la reestructuración de deuda financiera con aval del Estado, dotada con 3.000 millones de euros.
Sobre la base del análisis del cliente que haga la entidad financiera, se podrán acordar medidas para, en primer lugar, extender por un periodo adicional el plazo de vencimiento de los préstamos con aval público; en segundo lugar, convertir los préstamos con aval público en préstamos participativos, medida que reforzará los recursos propios de las empresas beneficiarias al tener estos préstamos un tratamiento equivalente al capital a efectos mercantiles.
Como medida de último recurso en este ámbito, se permite la concesión de ayudas directas para reducir la financiación con aval público solicitada durante la pandemia.
Las ayudas podrán destinarse a las empresas que cumplan los criterios de elegibilidad que se establecerán por un posterior Acuerdo de Consejo de Ministros y dentro de un proceso de renegociación acordado por los clientes con las entidades financieras, que asumirán la parte proporcional de la reducción del préstamo.
Para la articulación de estas medidas se aprobará un Código de Buenas Prácticas, de adhesión voluntaria por parte de las entidades financieras y otros organismos, similar al existente en el ámbito hipotecario, cuyo objetivo es favorecer una actuación coordinada y eficiente de los bancos en apoyo de empresas viables con problemas puntuales de solvencia.
En tercer lugar, se ha creado un fondo de recapitalización de empresas medianas afectadas por la crisis, dirigido a reforzar los balances de empresas que eran viables en diciembre de 2019, pero que se enfrentan a problemas de solvencia por la pandemia.
Este fondo está dotado con 1.000 millones de euros y será gestionado por Cofides, empresa con capital público-privado. Las ayudas se realizarán en forma de instrumentos financieros, como préstamos ordinarios, préstamos participativos, capital u otros a empresas que atraviesen dificultades temporales y que no puedan acceder a las ayudas del fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas de 10.000 millones, gestionado por Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
Calviño destacó que el nuevo paquete de ayudas, junto con las aprobadas anteriormente, suponen un esfuerzo fiscal de ayudas directas "sin precedentes" para proteger el tejido productivo, el empleo y la sanidad que supera el 2% del PIB. A ello se unen las adoptadas en 2020, con una movilización del 20% del PIB, que sitúa la respuesta española entre "las más elevadas de los países de la UE".
