No hay ninguna norma o ley que indique que solo se lleven a cabo los acuerdos aprobados por las formaciones políticas que gobiernan en cada momento. De hecho, si existiese una cláusula de características similares, no hablaríamos precisamente de democracia.
El Consell de Mallorca, con su presidente Catalina Cladera a la cabeza, es la triste excepción.
El pasado 11 de febrero la institución insular aprobó una moción donde se exigía el cese de la Directora de Gent Gran, Sofía Alonso, por haberse vacunado, nada más y nada menos, que en la jornada inaugural en la administración de las vacunas.
Una aprobación que se llevó a cabo en un pleno polémico, cargado de nervios y ruido, donde hasta la propia Cladera, en medio del debate, llegó a solicitar un receso. Ella y los suyos fueron los únicos que votaron en contra de la moción. Podemos se abstuvo y MÉS per Mallorca votó a favor juntamente con el resto de formaciones.
De nada. No ha servido absolutamente para nada.
Sofía Alonso sigue en su puesto y la presidenta Cladera ha incumplido así el mandato explícito del pleno. Un hecho insólito que ha provocado que el PP, Cs y El Pi vuelvan a presentar una moción solicitando que los acuerdos respaldados por la mayoría se ejecuten.
Sea como sea, no parece de recibo aplicar las normas del juego solo cuando nos son favorables. Incumplir un mandato aprobado en sesión plenaria, siendo plenamente consciente de que se desoye lo que la mayoría ha decidido es, cuando menos, una actitud despótica.
