Según el escrito del fiscal, al menos desde 2009 hasta enero de 2012, los acusados supuestamente crearon distintas sociedades con la única finalidad de dar de alta en la Seguridad Social a trabajadores, en su mayoría extranjeros, a cambio de una cantidad de dinero por parte de las víctimas.
La Fiscalía describe que los acusados se aprovechaban de la condición de extranjeros, de su situación de precariedad y necesidad, de la licitud de pagar al Estado por el contrato de trabajo, de que tales cantidades iban destinadas al pago de su Seguridad Social, "incluso de la escasa formación y nivel cultural", para usar a los trabajadores en su propio beneficio.
En concreto, no abonaban la cuota de la Seguridad Social, pero constituían una simulación de contratación para acceder prestaciones de desempleo, ayudas por incapacidad temporal o maternidad y autorizaciones temporales de residencia y trabajo en España, defraudando a la Seguridad Social o el Servicio Público Estatal de Empleo.
Además de las penas de cárcel los delitos de constitución e integración en organización criminal y falsedad documental, la Fiscalía pide para el autor de la banda una multa con una cuota diaria de 12 euros durante 24 meses y, para los otros cuatro acusados, una multa diaria con una cuota diaria de 12 euros durante 20 meses.
