En la reunión de este jueves estaban citados el director de Protección al Menor y Atención a la Familia entre 2007 y 2010, Gregori Estarellas, y su sucesor hasta el final de la legislatura, Antonio Muñoz; el presidente del IMAS entre 2007 y 2011, Jaume Garau, y la vicepresidenta en el mismo periodo, Josefina Ramis.
Muñoz, el primero en comparecer, ha explicado que estuvo sólo unos meses en la dirección insular y ha recordado avances en la atención a menores como mejoras en los centros residenciales, un convenio con el Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi) o programas de acogimiento familiar.
Muñoz también ha explicado que entonces no se categorizaba la explotación sexual infantil como tal sino que se trataba como maltrato infantil.
Cabe matizar que buena parte de las intervenciones se han centrado en la atención a menores víctimas de abusos sexuales que atendía el IMAS, y no expresamente en un detalle de casos de fugas de menores tutelados. En este sentido, Estarellas ha explicado que el 80 por ciento de los casos tratados por los técnicos eran abusos en el entorno familiar del menor.
Respecto a casos de explotación sexual infantil en particular, Estarellas solamente ha mencionado que recuerda un caso en el que intervino la Policía, en el que se decidió derivar al menor afectado a un centro de la Península por razones de protección.
Asimismo, la exvicepresidenta Ramis ha declarado que las fugas de menores tutelados son "un indicador de que algo le pasa" a ese menor, y que es un fenómeno que "siempre ha estado ahí". "Cuando un menor se fuga en menos de 24 horas ya está denunciado el hecho en Policía", ha insistido.
Ramis también ha afirmado que la relación con Fiscalía de Menores y cuerpos y fuerzas de seguridad era "muy buena".
Los comparecientes han remarcado, a preguntas de los grupos del Consell, que los expedientes concretos de cada caso no llegaban a los cargos políticos y que las decisiones las tomaban los técnicos.
"Creo que un político no debe ser conocedor de los informes y expedientes de los menores", ha dicho Ramis, que también ha añadido que como política "no podía saber si un caso u otro tenía que ir a Fiscalía" sino velar porque funcionase el sistema de forma adecuada. "No era mi responsabilidad el seguimiento de casos de manera individualizada", ha apostillado.
Además, los ex responsables consultados este jueves han coincidido en pedir que no se ponga el foco en las víctimas sino en los agresores, y han lamentado el daño a los menores por la exposición pública de estos casos. También han coincidido en apostar por mayor formación para detectar y actuar ante estos casos.
El último en comparecer en la comisión política ha sido el ex presidente del IMAS Jaume Garau, quien estuvo en el cargo en la etapa entre 2007 y 2011. Durante esos años, Garau ha confirmado que la explotación sexual "no estaba sobre la mesa de trabajo" de la institución insular.
Garau ha asegurado que "los abusos sexuales, mayoritariamente en el entorno familiar, sí se trataban". "Teníamos mucha preocupación sobre este asunto y sobre el maltrato, pero la explotación sexual no estaba presente", ha aseverado.
"Nadie trajo ese tema al IMAS. ¿Existía?", se ha preguntado, para después responder que "no lo sabía". "Si existía fuera, no lo sabíamos, aunque no creo que se nos pasara un asunto como éste de haberse dado", ha confiado.
Durante su etapa al frente, ha destacado la inversión económica en "grandes cambios" para los centros de menores. Garau ha indicado que era "fundamental" aportar más calidad de vida a los menores tutelados, "tanto a nivel de cuidados materiales como psicológicos".
Asimismo, ha recordado que durante su presidencia se implantó el protocolo de maltrato al menor. Por ello, ha insistido que, si ahora existen estos casos de explotación sexual, "se debe crear un sistema especializado" dentro del IMAS para "que conecte con los niños que están en riesgo".
Por último, ha rechazado el tratamiento mediático y político que se le ha dado al caso de los menores tutelados explotados sexualmente y ha pedido consenso a las fuerzas políticas: "Actualmente hay tantos grupos políticos que es muy difícil, pero es un territorio para estar de acuerdo".
Por su parte, la representante de Unidas Podemos en la comisión política, Aurora Ribot, ha señalado, al acabar, que durante la reunión de este jueves ha quedado claro que, durante la legislatura analizada, se hizo un "esfuerzo presupuestario importante para aumentar la calidad del servicio".
"Es en 2015 cuando comienza la voluntad política de abordar la explotación infantil aportando herramientas y protocolos para prevenirlos y detectarlos", ha indicado, para después añadir: "En esta legislatura 2007-2011 sólo se detectó un caso. No decimos que no sucedieran pero no había detección y seguimiento de estos casos".
