El 7 de febrero de 2020 ya se activaba un protocolo especial, ante la sospecha de un posible positivo entre cuatro personas que habían tenido contacto con un caso confirmado en Francia.
Se trataba de una familia de origen británico residente en Marratxí. El padre fue ingresado en Son Espases el día 7 de febrero. Sus análisis -que entonces se enviaban al Centro Nacional de Microbiología del Instituto Carlos III, en Madrid- dieron positivo en Sars-Cov-2, pero sus hijas y su pareja dieron negativo.
El día 9 llegaba la confirmación del caso. El hombre permaneció aislado en el Hospital Son Espases hasta que el día 14 dio por segunda vez negativo en las pruebas, y fue dado de alta.
Ya entonces se hizo un estudio de contactos para detectar posibles contagios asociados. El segundo caso confirmado no llegó hasta el 29 de febrero, y el tercero se comunicó el 3 de marzo.
El 12 de marzo se produjo la primera muerte de una persona con COVID-19 en Balears, una mujer de 59 años que llevaba ingresada desde el 6 de enero por otra patología, de carácter crónico. Dos días más tarde se declaró el estado de alarma en España: Balears tenía constancia entonces de 28 infectados por COVID-19.
El coronavirus supuso a partir de entonces cambios de calado en la vida de los baleares: tras un confinamiento total, en mayo se inició una desescalada que en el caso de Formentera empezaba ya en la fase 1.
A lo largo de estos meses han ido cambiando las medidas que se aplicaban para contener el COVID-19, pero tanto el parón económico como las restricciones vigentes en la 'nueva normalidad' han implicado una crisis sin precedentes en Baleares, por su especial dependencia del sector servicios.
Ahora, Baleares se encuentra inmersa en una campaña de vacunación que arrancó a finales de diciembre en las residencias de personas mayores y con discapacidad.
Este febrero, un año después del primer caso, ya se han detectado en Baleares más de 53.000 casos de COVID-19. La cifra de fallecidos supera las 600 víctimas mortales desde que comenzó la pandemia. Según el último resumen de datos de Epidemiología, el 34 por ciento de los fallecidos corresponden a usuarios de residencias geriátricas.
