El Tribunal ha confirmado la decisión de un Juzgado de lo Social de Palma, que desestimó la demanda presentada para impugnar el despido disciplinario.
El Juzgado, y ahora el Tribunal Superior, consideran acreditado que la mujer había amenazado con revelar información empresarial sensible, a la que tenía acceso por su cargo, para tratar de conseguir una reubicación de su puesto de trabajo o una salida de la empresa en condiciones económicas muy favorables.
Se trataba de información empresarial que podría afectar negativamente tanto a la empresa, con sede en Mallorca, como a sus directivos. En particular, según la empresa, la mujer había advertido en sus conversaciones con los responsables de la compañía de que disponía de "un dossier que contiene mucha información" y de que tenía intención de remitirlo "al juez".
Cabe señalar que en 2014, el grupo aceptó pagar 50 millones de euros por cinco delitos fiscales. Sin embargo, fue en 2015 cuando la empresa detectó que la trabajadora se había remitido a un correo personal diversos archivos con información confidencial. Esta documentación se envió desde su correo corporativo un día festivo.
La mujer aseguró que se había enviado estos documentos para poder adelantar trabajo pendiente. La empleada también inició un protocolo de acusación contra la empresa por supuesto acoso laboral y su representación considera que detrás del despido hubo ánimo de represalia.
La Sala comparte los razonamientos del Juzgado y concluye que la empleada pretendía obtener mejoras "con la amenaza de iniciar acciones judiciales por acoso laboral y por la documentación fiscal que ostentaba por previa recopilación". "Trasgrede la buena fe contractual, quebrantando la confianza de la relación laboral", señalan los magistrados.
