Con un presupuesto de más de 200 millones de euros, su presidente, Javier de Juan, sigue enrocado en una gestión que refleja oscurantismo e ineficiencia de los servicios sociales mallorquines.
Desde el sindicato USO se denuncia la precariedad laboral de los empleados como uno de los factores principales de este caos. "Forma parte del famoso informe del IMAS que se pidió a colaboradores externos donde se dice claramente que la estabilidad de los trabajadores es un punto crítico", ha explicado el representante de USO, Daniel Avià.
En este sentido, Avià ha asegurado que "el conocimiento y la experiencia de gente que lleva 15 o incluso 20 años trabajando dentro del IMAS, se van a la calle".
Y es que los menores tutelados sufren un doble castigo por parte del IMAS, primero al separarlos de sus padres para llevarlos a pisos tutelados donde viven sin ningún control por parte de los que deberían formarlos y protegerlos".
