Pero, ¿somos de verdad iguales ante unas urnas sin las cuales ninguna sociedad podría llamarse democrática?
Las leyes, comenzando por la Constitución, proclaman la igualdad, pero el peligro, tantas veces anunciado, de que quien hace la ley haya hecho también la trampa se ha convertido en realidad en demasiadas ocasiones.
En las democracias parlamentarias se vota para que en las instituciones que deben renovarse, el Congreso o los ayuntamientos, por ejemplo, estén representadas las diferentes tendencias políticas que existen en la sociedad, y con el peso real que cada una tiene. Esto, y no otra cosa, sería igualdad de todos ante la ley.
Pero, por ejemplo, si el peso en las urnas de la tendencia política llamada PP es del 20,99% pero el número de escaños que consigue con ese porcentaje de votos representa el 25,43% del total, resulta indiscutible que tal diferencia destruye la igualdad de todos los votos entregados a las urnas. Y como los números necesitan cuadrar, el plus injusto de poder parlamentario que recibe el PP se lo “roba” a otras candidaturas de las que también han conseguido votos en las urnas.
En el caso de las elecciones generales del 10N de 2019, en las que el PP consiguió ambos porcentajes tan distintos antes y después de contar los mismos votos, una parte del plus de poder parlamentario injusto se lo “robó” a Ciudadanos, que consiguió el 6,86% de los votos, pero solo el 2,86% de los escaños.
En el caso de los votantes del PSOE y de Unidas Podemos desde 2015, antes de IU y antes del PCE, se ha producido siempre una transferencia similar de poder parlamentario a la hora de convertir en escaños los votos recibidos por ambas candidaturas, siempre competidoras en las urnas.
Grandes tendencias políticas aparte, dos casos muy notorios del 10N 2019 fueron el de Teruel Existe y el PACMA. Mientras los aragoneses consiguieron un escaño con 19.696 votos, los defensores de los animales se quedaron fuera del Congreso, a pesar de que consiguieron 228.856, casi doce veces más.
Y al otro lado del Atlántico, ahora que el muy mal perdedor Donald Trump ha puesto en peligro la democracia en USA incendiando a sus huestes hasta que consiguió que asaltaran el Capitolio, no se ha recordado lo suficiente que sus 62.984.829 votos en las urnas de 2016 se convirtieron en 304 “votos electorales”, mientras que los 65.853.514 votos en las urnas de Clinton se convirtieron en 227 “votos electorales”.
Es decir, una ventaja de 2.868.685 votos de personas que acudieron a votar, se convirtieron, para Hillary, en una derrota por 77 “votos electorales” que, por cierto, son los que allí sirven para elegir al presidente, que es para lo que acuden a votar los estadounidenses.
Nadie se atrevería a sostener que hasta los seguidores más radicales de Clinton se hubieran atrevido a perpetrar tanta amenaza contra la democracia como la que llevaron a cabo los de Trump.
En cambio, tras la clara victoria de Joe Biden en 2020, tanto en las urnas como en los “votos electorales”, es difícil pensar que dentro de cuatro años la situación interna de USA presente el mismo nivel de tensión que hoy, cuatro años después de aquellas en las que la normativa electoral premió con un plus injusto a los votantes de Trump, y encima creyeron que se lo merecían.
Al igual que en el Estado español, la principal trampa-norma que permite que se materialicen tales desigualdades políticas está en las circunscripciones territoriales, aquí las provincias y allí los estados, aunque lo que en ambos casos se estén eligiendo sean instituciones con capacidad legislativa o ejecutiva cuyas decisiones afectarán a todas las personas convocadas a las urnas, vivan donde vivan.
Aquí, tras no parar de tergiversar votos desde el 15 de junio de 1977, pues solo en las quince urnas colocadas desde aquel día para renovar los escaños del Congreso han sido casi 40 millones los votos que se han traducido en un poder parlamentario de tendencia distinta a la depositada en las urnas, comienzan a aparecer voces que reclaman que la Ley Electoral cumpla lo establecido en la Constitución, que en no menos de cinco artículos proclama la “igualdad de todos ante la ley”.
En esta batalla por convertir en real una igualdad teóricamente reconocida en cualquier democracia el papel de los medios de comunicación es decisivo. Especialmente el de aquellos que, en el ejercicio de la libertad de prensa, deciden implicarse de manera decidida en causas sociales y políticas.
GRUP4, único grupo privado de comunicaciones en Illes Balears con TV, Radio y prensa digital, ha emitido un comunicado titulado “GRUP4 de Comunicació Multimèdia por la calidad democrática de España” en el que se refiere a la “evidente mala calidad de nuestra democracia actual, provocada en un primer momento por la propia Ley Electoral”, y se compromete a “impulsar programas, entrevistas, análisis, noticias y debates con el objetivo de diagnosticar los orígenes de esta situación que pone en peligro el futuro de nuestro sistema político debilitado por una leyes y normas que hoy en día se muestran obsoletas…”.
Para dar la talla en los debates sobre la Ley Electoral anunciados por Grup 4, algunos analistas de los invitados a opinar decidimos comenzar investigando las consecuencias reales de la aplicación de esta normativa, que fue aprobada en 1985 con una cómoda mayoría absoluta de 202 escaños en el Congreso.
Y las consecuencias más evidentes son las que nos muestran los resultados de las elecciones celebradas desde 1977, para lo que hemos acudido a la información que el Ministerio del Interior ofrece en su página oficial de Internet.
A pesar de haber revisado una parte mínima de esa información electoral, las deficiencias encontradas han sido suficientes como para dirigirnos al Ministerio que dirige el señor Marlaska con un escrito en el que describimos de manera detallada siete deficiencias, y añadimos la petición de que la gestión de la información electoral sea transferida al INE, un organismo al que se le puede suponer mayor respeto por los números que el demostrado por el Ministerio de Interior.
Si lo desea, aquí puede acceder a la presentación del documento, realizada a través de la Delegación del Gobierno en Palma.
Al cierre. Ocurren tantas cosas tan insoportables para la mayoría que, en algunos casos, opinar está de sobra y hay que pasar a la acción. Por eso, ante la avalancha de privilegiados que han decidido vacunarse violando el orden establecido no queda más remedio que pedir al Gobierno que sancione con toda la dureza que permita la ley a quienes como el JEMAD Villarroya o el obispo Taltavull de Mallorca han dado tan mal ejemplo a toda la sociedad. Si estás de acuerdo, puedes sumarte a esta demanda en http://chng.it/V9cMD26q.
