Ayer el Boletín del Congreso de los Diputados publicaba la relación y contenido de las enmiendas al Proyecto de Ley una vez concluido el periodo habilitado para su presentación. A la disposición que modifica la tributación de las transmisiones procedentes de pactos sucesorios no existe enmienda alguna presentadas por PSOE y UP dirigidas a suprimir o modificar su contenido. Por su parte, el Grupo Parlamentario Popular ha presentado enmiendas de supresión a esta disposición a fin de eliminar el contenido propuesto.
A juicio del diputado Miquel Jerez, la ausencia de enmiendas por parte del PSOE y UP sitúa a los partidos del gobierno en contra de nuestro derecho civil y una tributación justa derivada de las herencias en vida. Según Jerez, “ponerse de perfil en esto significa posicionarse con los que quieren agravar nuestra fiscalidad y desvirtuar nuestro derecho propio. La izquierda en Balears tiene que tomar partido de una vez, pararle los pies a Pedro Sánchez y decirle que los pactos sucesorios en Balears no se tocan”.
Por otra parte Jerez ha señalado que el ánimo del Gobierno es puramente recaudatorio. En este sentido ha señalado que “no es el momento de subir más impuestos por heredar un patrimonio fruto del esfuerzo de toda una vida. Lo único que quiere el Gobierno central es recaudar. Si se aprueba está ley de este modo se está perpetrando una agresión a las expectativas de muchas familias en tiempos muy duros”.
Por último, Jerez ha recordado que lo que se castiga fiscalmente son las transmisiones de los hijos a terceros tras recibir de sus padres a través de una pacto sucesorio y ha manifestado que la solución podría haber estado en una solución transitoria. “Hubiera sido deseable una fórmula intermedia que propusiera un periodo temporal que limitase la transmisión a terceros del bien que recibe el beneficiario. De esta manera se hubieran evitado las sospechas de fraude y especulación. Ni siquiera el Gobierno lo ha tenido en cuenta”, ha señalado el diputado.
Por otro lado, Marga Prohens ha manifestado que “a estas alturas todavía esperamos que Francina Armengol se pronuncie. Cuando se debilitan nuestras instituciones propias la presidenta del Govern tiene obligación de salir a defenderlas. Que sea valiente y le diga a Pedro Sánchez que nuestros derechos no se maltratan, sino que se respetan”
En este mismo sentido, Marga Prohens ha exigido a la presidenta del Govern apoyo a la enmienda presentado por el PP. “Si la presidenta no es capaz de imponerse en Madrid le sugiero que se sumen a nuestra propuesta, que se adhieran a la enmienda que hemos presentado e interpele a sus diputados para que voten en contra de un articulado que perjudica a las familias de Balears, desnaturaliza una figura de amplio arraigo, nos otorga a todos la condición de defraudadores y a su vez impone un castigo fiscal desproporcionado”, ha concluido la diputada.
Por otra parte, el Grupo Parlamentario Popular, a través del diputado Toni Costa, ha presentado una Proposición No de Ley en el Parlament en la que insta al Gobierno de España a respetar la capacidad normativa en materia fiscal que la Constitución, el Estatuto de Autonomía y las leyes le reconocen al Govern balear.
La iniciativa también insta a los grupos parlamentarios con representación en el Congreso de los Diputados a propiciar, en la tramitación parlamentaria del Proyecto de Ley de Medidas para Prevenir y Combatir el Fraude Fiscal, actualmente en tramitación en el Congreso de los Diputados, la supresión o retirada del artículo que reforma la Ley 35/2006 del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para introducir la ficción jurídica consistente al declarar como conducta fraudulenta, que no admite prueba en caso contrario, cualquier venta de los bienes recibidos a través de los pactos sucesores en vida regulados en el Derecho Civil de las Islas Baleares; para ser tratado de una clara e injustificada vulneración de la autonomía competencial y de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, y el principio de lealtad institucional que tiene que presidir las relaciones entre la Administración General del Estado y Comunidad Autónoma de Baleares”.
Asimismo, el PP pide que el Parlament dé traslado de esta resolución a todos y cada uno de los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados.
